Las dudas sobre los culpables de la masacre en Santo Domingo, Arauca

Veinte años después de la masacre en Santo Domingo, Arauca, que dejó 17 personas muertas y 17 más heridas, reviven las dudas sobre los culpables del ataque.
La Unidad Investigativa de Noticias RCN conoció nuevos detalles del caso ya que logró hablar con algunos de los protagonistas del hecho ocurrido el 13 de diciembre de 1998.
Uno de los pilotos, aún investigado por la masacre, dijo que ha recibido amenazas tras denunciar las presuntas irregularidades de la investigación que incrimina a la Fuerza Aérea como autores del hecho y no a las Farc.
En las pruebas aportadas por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Noticias RCN revela por primera vez desde que ocurrió la masacre hace 20 años, se defiende que la bomba clúster o racimo se lanzó en un terreno boscoso lejos de Santo Domingo.
Según el dictamen de los técnicos en explosivos y topógrafos que inspeccionaron la zona, entre Santo Domingo y el lugar del impacto hay una distancia de 350 metros.
El alcance del artefacto es de 30 metros según prueba una comunicación oficial que reposa en el expediente del caso.
El piloto indagado asegura que en la investigación hay irregularidades y afirma que las Farc instalaron un camión bomba en la zona.
Los detalles del proceso en la Fiscalía

Pedro Díaz Romero, magistrado de la JEP, tiene una investigación en curso por presunta manipulación de pruebas por sus investigaciones tras la masacre de Santo Domingo cuando era fiscal de derechos humanos.

Su defensa, según dijo en una de las indagatorias, se basó en los fallos judiciales que condenaron a la Fuerza Aérea como autores de las muertes.

“Lo que se trató aquí fue del bombardeo con un dispositivo cluster muy cercano a la población de Santo Domingo y donde resultaron asesinadas 17 personas”, dice el fragmento de la indagatoria de Romero, en ese entonces fiscal.

Sin embargo, la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al estado por la masacre, presentó otra versión.

“Las muertes de las 17 personas y los 27 heridos se producen por un carro bomba que había instalado las Farc en la calle principal de Santo Domingo, y el Estado colombiano tiene unos elementos muy serios que respaldan esa versión”, explica el exfiscal Eduardo Montealegre, que defendió al Estado ante la CIDH.

El papel de Pedro Díaz Romero en la investigación de la masacre en la población de Arauca empezó 14 meses después del incidente.

“No hay evidencias que se haya usado armamento aéreo” porque no había nada de TNT pues nosotros cerramos el caso que había iniciado un juez nuestro, pero unos meses después la Fiscalía abre el caso sorpresivamente para nosotros, diciendo que habían encontrado una evidencia”. dice el general (r) Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea en 1998.

En el 2000, un año y dos meses después de la masacre, Díaz Romero, recolectó nuevas pruebas en Santo Domingo con una comisión en la que participó Giovanny Álvarez, para la época también funcionario de la Fiscalía y hoy fiscal de la JEP.

“14 meses después aparecen estas evidencias y lo que no establecen esos dictámenes es en qué lugar exactamente se encontraron porque es obvio que muchas de esas esquirlas pudieron ser recogidas a 500 metros del casco urbano en el pie de monte”, cuestiona Montealegre.

El perito balístico que recolectó las pruebas, solo cuatro días después de la masacre en 1998, admitió las diferencias en una declaración juramentada de marzo de 2014.

“El elemento que estoy observando en dicha imagen no corresponde ni en tamaño ni en su morfología con el que observé anteriormente del fragmento recuperado en la necropsia”

En noviembre de 2017, la Fiscalía vinculó a Díaz al proceso “por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. más de un año después la misma Fiscalía no ha resuelto su situación jurídica.

La Unidad Investigativa buscó a Pedro Díaz Romero quien se abstuvo de dar declaraciones sobre la investigación en su contra.

La dirección de comunicaciones de la JEP indicó que desde el 9 de octubre de este año los dos pilotos condenados a 30 años por el caso Santo Domingo solicitaron acogerse a esa jurisdicción y el magistrado se declaró impedido.

El caso se encuentra bajo estudio en la sala de definición de situaciones jurídicas, en un despacho diferente al del magistrado Pedro Díaz.

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