El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, ha señalado que la cifra es “aterradora” y ha pedido el fin de estos asesinatos. “Lo que queremos es paz y tranquilidad”, ha dicho.
Según los datos de su oficina, entre marzo de 2017 y junio de 2018 han sido asesinados 155 líderes sociales, lo que supone un repunte en el número de casos.
Asimismo, ha detallado que la mayoría de los asesinatos han tenido lugar en el departamento de Cauca, con 78 casos, por delante de Antioquia (53), Norte de Santander (21) y Nariño (18). Por detrás se sitúan Valle del Cauca y Chocó, con 16; Risalda, con catorce; y Arauca, con trece.
En este sentido, el fiscal general del país, Néstor Humerto Martínez, ha afirmado que “los territorios de consolidación que abandonaron las FARC fueron rápidamente cooptados por nuevas organizaciones delincuenciales”.
“Eso ha generado unas tensiones y unos conflictos en los territorios que están dejando violencia y particularmente asesinatos”, ha apuntado, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
La antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmó en 2016 un acuerdo de paz con el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado al menos 220.000 muertos y millones de desplazados.
Por su parte, la misión de Naciones Unidas en Colombia ha condenado “vehementemente” los asesinatos de activistas y líderes sindicales y ha advertido de que “el recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera”.
“Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales, principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado”, ha dicho.
Por ello, ha pedido al Gobierno que “refuerce las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país”.
