La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la Nación imputó responsabilidad Fiscal a los ex gobernadores, Luis Ataya y Facundo Castillo por los problemas suscitados con la vía Matapalito-Caracol.
La queja fue interpuesta por Genaro Lomónaco como representante de la comunidad, al considerar que el contrato de obra 299 del 15 de julio de 2011 por un valor inicial de 23 mil millones de pesos y un adicional de 11 mil 900, había quedado mal ejecutado.
El documento, respaldado por una gran cantidad de firmas fue radicado en la Contraloría General de Arauca que inició el respectivo proceso, pero por petición propia del mismo Contralor General la denuncia se trasladó directamente a Bogotá.
Según los hallazgos encontrados por el ente de control hubo una falla estructural en la vía, porque el material usado en este caso arcilla expansiva no cumplía con las exigencias del Ministerio de Transporte y el mismo Instituto Nacional de Vías, (INVIAS).
También hubo omisión en el pago de las estampillas por más de 359 millones, aunque dicho sea de paso semanas después el dinero entró a las arcas de la Gobernación, pero no dentro del plazo estipulado para la liquidación.
Asimismo, el documento refleja que al pavimentarse la vía, dejó ser terciaria para pasar a ser secundaria. Sin embargo, el ancho de la vía no cumple con las especificaciones, al igual que el espacio para peatones y mucho menos el grosor del asfalto.
La vía, según los habitantes de la comunidad, antes de ser abierta ya presentaba fisuras, las cuales aumentaron cuando el tránsito de vehículos de carga se hizo más constante y el material usado como especie de sellante tampoco funcionó.
Para la Contraloría el problema con las arcillas expansivas ya era de conocimiento de la Gobernación porque otras obras habían presentado la misma dificultad. Por lo tanto, debió la Administración ceñirse a las normas técnicas definidas.
A eso se le suma las declaraciones de la firma contratista Unión Temporal Vía El Caracol, que argumentó una cadena de sismos en el 2013. La Contraloría la desvirtuó señalando que los cuestionamientos se hicieron el 26 de septiembre de 2011.
De los siete profesionales contratados por el contratista solo dos cumplían con los requisitos legales establecidos en el contrato, hecho que al parecer facilitó que los problemas en el eje vial se agudizaran a tal punto que podrían quedarse sin carretera.
También se les imputó responsabilidad fiscal a:
Antonio Bermúdez, ex Secretario de Infraestructura de Ataya.
Alejandro Sarmiento, ex Secretario de Infraestructura de Castillo.
Clara Rosario Acero
ZR Ingeniería, Néstor Francisco Zuluaga.
MIKO SAS, Wilson Galindo.
H&Q Ingeniería, Alejandro Holguín.
MEGACH SAS, María Eugenia García.
Laboratorio Geotécnico LTDA, Flavio Bravo.
SQR Construcciones y Consultores SAS, Adolfo Quijano.
En calidad de terceros aparecen:
Previsora
Aseguradora de Finanzas
Suramericana
Una vez notificadas las partes tendrán diez días para hacer los respectivos descargos y la misma Contraloría General se encargará de fallar a favor o en contra de los imputados.
