La Corte Constitucional de Colombia emitió un pronunciamiento de alcance nacional sobre la violencia de género en entornos digitales, al determinar que las publicaciones en redes sociales que sexualizan, cosifican o desacreditan a las mujeres por su apariencia física pueden constituir una forma de violencia de género, incluso cuando las afectadas desempeñan cargos o funciones de reconocimiento público.
La decisión quedó consignada en la Sentencia T-348 de 2026, mediante la cual la Sala Cuarta de Revisión estudió una acción de tutela presentada por Stephany Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca, contra un creador de contenido digital que habría difundido publicaciones en Facebook relacionadas con su aspecto físico, presuntas intervenciones estéticas, vida privada y el papel que, según el autor de los contenidos, debía cumplir como mujer.
Al estudiar el caso, la Corte estableció una diferencia entre las críticas legítimas a la gestión pública, amparadas por la libertad de expresión, y los ataques que recurren a estereotipos de género para cuestionar el cuerpo, la intimidad y la dignidad de una mujer.
El alto tribunal advirtió que estas conductas trascienden el ámbito personal, pues pueden generar ambientes hostiles para las mujeres en escenarios públicos y políticos, fomentar la autocensura y desincentivar su participación en asuntos de interés general.
Como resultado del análisis, la Corte amparó los derechos fundamentales de Stephany Ortiz a una vida libre de violencias, igualdad y no discriminación, imagen, integridad, dignidad humana e intimidad.
Entre las órdenes impartidas se encuentran retirar las publicaciones identificadas como violencia de género digital, ofrecer disculpas públicas, realizar una capacitación sobre igualdad de género y abstenerse de repetir este tipo de conductas.
El fallo representa un precedente relevante sobre los límites de la libertad de expresión en las plataformas digitales y la protección de los derechos de las mujeres que ejercen actividades públicas.
La decisión también deja un mensaje de alcance nacional: las actuaciones de los funcionarios y representantes públicos pueden ser objeto de cuestionamientos y escrutinio ciudadano, pero las críticas no pueden convertirse en ataques discriminatorios contra las mujeres por su cuerpo, apariencia física o condición de género.
