Manuel Alexander Pérez aseguró que redes criminales estarían utilizando comunicaciones desde centros penitenciarios para exigir pagos y advirtió que algunas víctimas serían presionadas para cruzar hacia Venezuela.
La extorsión continúa generando preocupación en Arauca. El representante a la Cámara Manuel Alexander Pérez lanzó una denuncia sobre la presunta operación de redes criminales desde las cárceles y cuestionó los controles implementados para impedir que los privados de la libertad continúen comunicándose con sus víctimas.
Según el congresista, contratistas, fundaciones y ganaderos estarían siendo objeto de extorsiones presuntamente coordinadas desde centros penitenciarios. Además, afirmó que algunas víctimas estarían siendo presionadas para trasladarse hacia Venezuela con el propósito de cumplir con los pagos exigidos.
Pérez también cuestionó la efectividad de los sistemas de inhibición de señal instalados en los establecimientos penitenciarios y sostuvo que la tecnología, por sí sola, no resolvería el problema si persisten presuntas fallas de control y corrupción dentro de las cárceles.
“¿De qué sirve tener inhibidores y gastar muchísima plata en tecnología cuando la corrupción es campante al interior de las cárceles?”, cuestionó el representante.
Durante su intervención, Manuel Alexander Pérez relató además una experiencia personal. Según contó, alrededor de 2002 fue víctima de una extorsión por parte de un delincuente de apellido Colmenares, quien presuntamente se hacía pasar por integrante de una disidencia de las FARC.
El entonces afectado decidió denunciar el caso y, de acuerdo con su relato, aproximadamente un año después el señalado fue capturado.
Pérez aseguró que posteriormente el hombre terminó recluido en un establecimiento penitenciario de Arauca y que, pese a estar privado de la libertad, habría tenido mecanismos para mantener comunicación con el exterior.
El representante utilizó esta experiencia para advertir sobre una situación que, según dijo, podría estar afectando a otras víctimas que no tienen las condiciones para denunciar.
Entre los casos mencionados estuvo el de una profesora pensionada, a quien puso como ejemplo de las personas que podrían optar por guardar silencio ante el temor de represalias.
Para Pérez, esta situación también podría explicar por qué las cifras oficiales de extorsión no necesariamente reflejarían la totalidad del fenómeno, debido a que algunas víctimas podrían abstenerse de denunciar.
El llamado del congresista va más allá de la instalación de inhibidores de señal. Planteó la necesidad de fortalecer los controles dentro de las cárceles, investigar posibles actos de corrupción y garantizar condiciones de seguridad para las personas que decidan denunciar a los extorsionistas.
Las afirmaciones sobre la presunta coordinación de extorsiones desde centros penitenciarios y el eventual traslado de víctimas hacia Venezuela deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a las autoridades y a las comunidades de Arauca: ¿cómo estarían logrando las redes criminales mantener contacto con sus víctimas pese a los controles tecnológicos dentro de las cárceles?
