La exsenadora y antigua integrante de las Farc podría ser llamada a rendir versión dentro del Caso 07. Víctimas la señalan de haber tenido un papel en hechos de violencia sexual contra menores reclutadas por la extinta guerrilla. La decisión está en manos de la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene sobre la mesa una decisión que podría abrir un nuevo capítulo en la investigación por los crímenes cometidos contra menores de edad dentro de las extintas Farc: la posible citación de la exsenadora Sandra Ramírez para que entregue su versión sobre los hechos investigados en el Caso 07.
La ponencia fue presentada por la magistrada Lily Rueda y plantea la necesidad de escuchar a Ramírez dentro del proceso que investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado. La propuesta será estudiada por la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas.
El eventual llamado cobra especial relevancia por los señalamientos formulados por víctimas de las antiguas Farc, quienes han relatado ante distintos medios y escenarios judiciales hechos de violencia sexual sufridos cuando eran menores de edad.
Entre las denunciantes está Deisy Guanaro, quien ha señalado públicamente a Ramírez y ha pedido que la JEP investigue su posible participación o conocimiento de hechos ocurridos dentro de las estructuras guerrilleras. Una de las denuncias sostiene que Ramírez habría intervenido en situaciones relacionadas con menores reclutadas y posteriormente sometidas a abusos sexuales.
Los testimonios conocidos son especialmente graves. Algunas víctimas han afirmado que niñas reclutadas eran puestas a disposición de integrantes de las estructuras de mando y posteriormente sometidas a violencia sexual. Esos señalamientos hacen parte del contexto que la JEP deberá contrastar con documentos, testimonios y demás elementos incorporados al expediente.
Uno de los puntos que las víctimas quieren esclarecer es cuál habría sido el papel de Sandra Ramírez dentro de esas estructuras y qué conocimiento pudo haber tenido sobre las prácticas denunciadas.
Ramírez hizo parte de las antiguas Farc y posteriormente llegó al Senado de la República por el partido Comunes. También fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, máximo jefe histórico de esa organización guerrillera.
Para las víctimas, una eventual comparecencia representaría la posibilidad de confrontar ante la justicia transicional los relatos que durante años han entregado sobre el reclutamiento de menores y las violencias cometidas dentro de las filas de las Farc.
El caso de Sandra Ramírez también ha sido objeto de solicitudes anteriores. En abril de 2026, la Federación de Víctimas de las Farc, FEVCOL, pidió a la magistrada Lily Rueda acelerar su citación dentro del macrocaso relacionado con violencia sexual, abuso infantil y abortos.
La controversia adquirió mayor dimensión después de que víctimas cuestionaran públicamente la presencia de Ramírez en escenarios institucionales y reclamaran que primero se esclarecieran las acusaciones formuladas en su contra.
El Caso 07 de la JEP investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado. La investigación también aborda hechos asociados a las condiciones de vida de los menores dentro de las estructuras armadas y las diferentes formas de violencia que habrían sufrido.
De acuerdo con cifras divulgadas por la JEP, el universo inicialmente identificado en la investigación alcanzó 18.677 víctimas de reclutamiento y utilización atribuidos a las extintas Farc-EP. La dimensión de ese expediente convirtió el Caso 07 en uno de los procesos centrales de la justicia transicional frente a los crímenes cometidos contra menores.
Aunque la posible citación representa un movimiento relevante dentro del proceso, existe una precisión jurídica fundamental: Sandra Ramírez no ha sido formalmente imputada por estos hechos por la JEP.
Lo que se encuentra en discusión es si debe ser llamada a rendir versión para que entregue información y responda las preguntas que formule la jurisdicción. Una eventual citación tampoco equivaldría, por sí misma, a una declaración de responsabilidad.
La JEP deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la comparecencia y posteriormente contrastar la versión que entregue Ramírez con los testimonios de las víctimas y los demás elementos probatorios del expediente.
Mientras tanto, las víctimas que han denunciado los hechos esperan que la justicia transicional determine qué ocurrió con las niñas reclutadas, quiénes conocían esas prácticas y cuál fue el nivel de responsabilidad de quienes tenían posiciones de poder dentro de las antiguas Farc.
La eventual comparecencia de Sandra Ramírez pondría nuevamente en el centro del debate nacional las denuncias sobre reclutamiento, violencia sexual y otros crímenes cometidos contra menores durante el conflicto armado colombiano.
