Lo que debía ser una obra para mejorar la movilidad y generar oportunidades en el departamento de Arauca hoy tiene a proveedores y trabajadores reclamando por millonarias obligaciones que, según denuncian, continúan sin ser canceladas.
Personas y empresas de Arauca, Cravo Norte, Rondón y Tame aseguran que aún no reciben el pago por servicios, maquinaria, volquetas, insumos y mano de obra suministrados durante la ejecución del Contrato de Obra No. 172 de 2022, cuyo valor asciende aproximadamente a $47.760 millones.
La preocupación no es nueva. Según los denunciantes, el pasado 21 de abril se realizó una mesa de trabajo con participación de la Procuraduría, Invías, la interventoría, el Consorcio Agua Linda 2022, la supervisión y Asojuntas, en la que se habría acordado que las obligaciones pendientes serían canceladas antes del 31 de julio.
Sin embargo, el plazo se cumplió y los pagos, según los afectados, siguen sin hacerse efectivos. Ya transcurre septiembre y quienes suministraron sus equipos, trabajadores y recursos para la ejecución de la obra continúan esperando.
La situación se vuelve aún más delicada porque, de acuerdo con los proveedores, el contrato ya cuenta con cuatro cuentas parciales y estaría próxima una quinta. Esto genera inquietud ante una eventual liquidación del contrato sin que previamente se hayan resuelto las obligaciones económicas reclamadas por quienes participaron en la ejecución de los trabajos.
Los afectados aseguran que detrás de estas deudas no solamente están empresas, sino también pequeños propietarios de maquinaria, conductores, trabajadores y proveedores locales que tuvieron que asumir créditos, combustible, mantenimiento, repuestos y otros gastos para poder cumplir con los compromisos adquiridos.
Mientras tanto, la obra está rodeada de cuestionamientos por la situación de quienes aseguran haber cumplido con su parte, pero continúan esperando que se les pague.
A esto se suma la versión sobre una presunta investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría relacionada con el contrato, información que hasta el momento los proveedores piden que sea confirmada o desmentida oficialmente por el organismo competente.
Ante este panorama, los afectados hacen un llamado a Invías, la Procuraduría, la Contraloría, la interventoría y las demás entidades encargadas de la vigilancia y supervisión para que aclaren qué está ocurriendo con los recursos y las obligaciones pendientes del contrato.
Una obra pública de cerca de $47.760 millones no puede dejar en segundo plano a quienes suministraron maquinaria, servicios, insumos y mano de obra para hacerla posible. Si existen obligaciones pendientes, los responsables deberán explicar por qué no se han cumplido los compromisos anunciados y cuál es la fecha real en que los proveedores recibirán sus pagos.
Por ahora, mientras las cuentas siguen avanzando, los proveedores continúan esperando. Y la molestia crece en Arauca ante lo que consideran una situación que no puede prolongarse indefinidamente.
