La Defensoría del Pueblo lideró una jornada de atención integral en el resguardo indígena La Esperanza, del pueblo Makaguán, ubicado en zona rural del municipio de Tame, Arauca, con el propósito de acercar la oferta institucional a una de las comunidades indígenas que ha sido identificada por la Corte Constitucional como en riesgo de extinción física y cultural.
La actividad fue desarrollada en articulación con la Personería Municipal de Tame, Sikuaso IPS, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de las acciones para fortalecer la atención en territorios afectados por el conflicto armado y el abandono estatal.
Durante la jornada se prestaron 32 consultas de medicina general, 26 atenciones psicológicas individuales, 23 procedimientos y exámenes médicos, 15 atenciones en primeros auxilios, 15 valoraciones nutricionales y 13 consultas odontológicas, beneficiando a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de la comunidad.
Además, 36 familias en situación de movilidad humana recibieron orientación sobre el acceso a derechos, la oferta institucional y los mecanismos de protección del Estado. La Defensoría también acompañó la recepción de cinco declaraciones de personas afectadas por el conflicto armado, un trámite que les permitirá avanzar en el reconocimiento como víctimas y acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011.
La intervención adquiere especial relevancia debido a que la Corte Constitucional, mediante el Auto 382 de 2010, advirtió que los pueblos Makaguán e Hitnü enfrentan un grave riesgo de desaparición física y cultural por las condiciones de violencia, desplazamiento, hacinamiento e insalubridad en la región de la Orinoquía. Posteriormente, la Sentencia T-091 de 2013 ordenó al Estado implementar procesos de reubicación segura y planes específicos de atención para estas comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo señaló que este tipo de jornadas buscan garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables y fortalecer la presencia institucional en regiones donde persisten los efectos del conflicto armado, las restricciones de acceso a servicios básicos y las emergencias humanitarias.
