La situación de seguridad en el departamento de Arauca volvió a ocupar un lugar en el debate nacional.
Durante una intervención en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el congresista por Arauca, Manuel Alexander Pérez Rueda, afirmó que la recuperación de la seguridad en Colombia pasa necesariamente por fortalecer la presencia del Estado en esa región fronteriza con Venezuela.
En una constancia presentada ante la comisión, el representante cuestionó el balance del gobierno saliente en materia de orden público y sostuvo que el país enfrenta un deterioro de las condiciones de seguridad.
En ese contexto, expresó su respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, al considerar que su fortalecimiento será determinante para enfrentar la expansión de los grupos armados ilegales.
Pérez advirtió que Arauca continúa siendo uno de los territorios más afectados por la violencia y mencionó como evidencia los recientes hostigamientos contra la Fuerza Pública, el ataque a la estación de Policía de Betoyes y el presunto intento de atentado con drones contra el complejo petrolero de Caño Limón, una infraestructura estratégica para la producción de hidrocarburos y las finanzas del departamento.
El congresista aseguró que la persistencia de estas acciones refleja el alto nivel de influencia que mantienen las organizaciones armadas ilegales en amplias zonas del departamento y reiteró que la condición fronteriza de Arauca representa uno de los principales retos para la seguridad nacional.
Durante su intervención también recordó el secuestro de los funcionarios de la Fiscalía Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quienes, según indicó, permanecen privados de la libertad por parte del ELN desde hace 15 meses, e hizo un llamado para que este caso no quede relegado de la agenda nacional.
Finalmente, Manuel Pérez instó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a convertir la seguridad de Arauca en una prioridad de Estado y propuso fortalecer la cooperación en la frontera con Venezuela para impedir que los grupos armados encuentren refugio al otro lado del límite binacional.
El pronunciamiento se produjo en medio de un escenario en el que la seguridad en las regiones fronterizas vuelve a cobrar relevancia dentro del debate político y de defensa, especialmente por el impacto que la violencia tiene sobre la población civil, la infraestructura estratégica y la actividad económica del país.
