La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte para ser trasladada, bajo custodia, al Capitolio Nacional el próximo 20 de julio y participar en la instalación del nuevo período legislativo.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que concluyó que la petición de la congresista, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no cumple con las causales legales que permiten autorizar permisos excepcionales de salida a personas privadas de la libertad.
En la providencia, fechada el 16 de julio, el alto tribunal recordó que la legislación penitenciaria establece condiciones específicas para conceder traslados temporales a internos y determinó que el motivo expuesto por la representante no encaja dentro de los supuestos previstos por la ley.
«La solicitud no se corresponde con ninguna de las hipótesis fijadas por el legislador, que habilitan el traslado del interno o la concesión de un permiso excepcional de salida de su sitio de reclusión», señaló la Corte.
El tribunal también indicó que, aunque las personas privadas de la libertad conservan derechos fundamentales que no han sido restringidos por la medida judicial, el ejercicio de la función congresional de Manrique está directamente condicionado por su situación jurídica.
En ese sentido, la Sala concluyó que no existían fundamentos legales para autorizar el traslado al Congreso, al considerar que la medida de aseguramiento impuesta continúa vigente y cumple los fines constitucionales establecidos dentro del proceso.
La decisión fue adoptada por los magistrados Blanca Nélida Barreto Ardila y Jorge Emilio Caldas Vera. El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas se encontraba en permiso.
Continúa el proceso por el caso UNGRD
Karen Manrique permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial por su presunta participación en la red de corrupción que habría operado al interior de la UNGRD.
En mayo de este año, la Corte Suprema ya había rechazado una solicitud para sustituir la medida de aseguramiento en centro carcelario por detención domiciliaria. Además, el alto tribunal dejó en firme el llamado a juicio contra la congresista y otros legisladores investigados por el presunto delito de cohecho impropio, dentro de las pesquisas por la supuesta entrega de beneficios indebidos a cambio de favorecer decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En el mismo expediente también son procesados los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett y Julián Peinado Ramírez, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera.
La representante Manrique ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus actuaciones ante entidades del Estado hicieron parte de su labor como congresista y de representación de las comunidades que eligieron su curul.
