La justicia colombiana emitió una nueva condena contra 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC-EP, tras comprobar su responsabilidad en 165 hechos delictivos cometidos en varias regiones del país, entre ellas Arauca, Boyacá y Casanare y otros departamentos.
La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, luego de acoger las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación. Los procesados, postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), fueron hallados culpables de graves delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.
Entre los condenados se encuentran Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, alias ‘Cochebomba’; Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia; Jhon Jairo Ramírez, alias ‘Fuego Verde’; Berny Derley Ordoñez Castro; Ferney Valverde Fajardo; Marlio Mora Morales; Rodrigo Ducuara Yate; Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez.
Dentro de los hechos más graves documentados se destacan la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército en Miraflores (Guaviare), el 3 de agosto de 1998, que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados.
Asimismo, la incursión armada a Mitú (Vaupés), el 26 de octubre de ese mismo año, en la que cerca de 1.500 integrantes del grupo insurgente atacaron la estación de Policía, causando la muerte de 38 miembros de la fuerza pública y 8 civiles, además del secuestro de 61 policías.
El fallo también recoge casos de graves violaciones a los derechos humanos, como el reclutamiento forzado de una niña de 11 años en zona rural de Yopal (Casanare), quien fue víctima de abusos sistemáticos y obligada a abortar en dos ocasiones mientras permanecía en el grupo armado ilegal.
De igual forma, se documentó la desaparición del uniformado Pedro Antonio Ramos Vázquez, retenido el 6 de diciembre de 2000 en inmediaciones de Yopal, cuyo paradero aún se desconoce.
Los sentenciados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el marco de los beneficios y compromisos establecidos por la Ley de Justicia y Paz.
