Este medio de comunicación adelanta una investigación periodística sobre presuntas irregularidades electorales que se habrían presentado en el municipio de Tame y que involucrarían a varios actores políticos y administrativos, entre ellos concejales municipales, funcionarios públicos y dirigentes locales, según fuentes.
Presuntamente, cerca de 10 concejales del municipio habrían trasladado su lugar de votación desde el casco urbano —donde supuestamente residen— hacia distintos puestos de votación ubicados en zonas rurales del mismo municipio, situación que estaría siendo analizada bajo la hipótesis de una posible trashumancia electoral.
Las fuentes consultadas —cuya identidad se mantiene en reserva— señalan que dichos traslados se habrían realizado mediante declaraciones que no corresponderían a la residencia real de los cabildantes, con el eventual propósito de incidir electoralmente en favor de las candidatas a la Cámara de Representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), Karen Manrique y Alexa Quirife.
Señalamientos sobre posible participación indebida del alcalde
En el marco de esta investigación, también se indaga sobre el posible rol del alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, quien presuntamente habría promovido o tolerado estas actuaciones, lo que podría constituir una eventual participación en política, conducta expresamente prohibida para los servidores públicos.
Según versiones conocidas por este medio, habrían existido incentivos económicos ofrecidos a algunos concejales, con montos que, de acuerdo con las fuentes, podrían ascender a cifras cercanas a los 20 millones de pesos, a cambio de favorecer determinadas candidaturas. Estos hechos no han sido judicialmente probados y actualmente son objeto de verificación periodística.
Funcionarios y ciudadanos, también bajo la lupa
La investigación periodística igualmente explora la posibilidad de presiones indebidas sobre funcionarios de la administración municipal, quienes habrían sido instados a trasladar sus puestos de votación hacia sectores rurales, con el fin de reforzar determinados resultados electorales.
Asimismo, se analiza información según la cual personas cercanas al entorno personal de las aspirantes a la Cámara habrían ofrecido sumas de dinero —presuntamente entre 80 y 100 mil pesos— a ciudadanos, con el objetivo de que inscribieran sus cédulas en puestos rurales del municipio. Estos hechos, de confirmarse, podrían configurar irregularidades de carácter electoral.
Posibles consecuencias legales
De establecerse la veracidad de los hechos que actualmente se investigan, los involucrados podrían verse expuestos a eventuales actuaciones disciplinarias, fiscales o penales, en razón de la gravedad de las conductas descritas, las cuales afectarían principios esenciales como la transparencia electoral, la legalidad y la libertad del voto.
Este medio reitera que todas las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia, y continuará desarrollando esta investigación con rigurosidad, equilibrio informativo y respeto por el debido proceso, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hallazgo que resulte relevante para la defensa de la democracia y el interés público.
