Una nueva acción jurídica sacude la escena política en Bogotá, donde este 23 de enero de 2026 fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas acusados de irregularidades vinculadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición formal fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, que argumenta que los parlamentarios habrían incurrido en tráfico de influencias y violado el régimen de incompatibilidades, aprovechando sus cargos para influir en contratos y nombramientos dentro de la entidad al tiempo que respaldaban iniciativas legislativas del Gobierno nacional.
Entre los señalados figuran los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, así como los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
Según la demanda, parte de la evidencia se basa en testimonios de exfuncionarios de la UNGRD que habrían revelado supuestos acuerdos para direccionar contratos y beneficios en distintas regiones del país a cambio de apoyo político en el Congreso.
Varios de estos congresistas también son investigados en procesos penales por la Corte Suprema de Justicia, en el marco del mismo escándalo.
El documento presentado busca que el Consejo de Estado analice si procede la pérdida de investidura, una sanción que podría acarrear la separación de los cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, conocida en Colombia como “muerte política”.
Ahora está en manos de los magistrados decidir si admiten la demanda para su estudio, en un caso que profundiza la controversia en torno al manejo de recursos y la transparencia en la gestión pública.
