El Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del Frente de Guerra Oriental, se atribuyó el ataque armado ocurrido en la noche del 10 de diciembre, hacia las 11:25 p. m., en la vía Tame – La Cabuya, en el departamento de Arauca, donde resultó herida una mujer en medio de un procedimiento ilegal de control armado.
Según el comunicado difundido por esa estructura insurgente, el hecho se registró durante un retén de “registro y control”, cuando una camioneta no habría acatado las señales de detención impartidas por sus integrantes, lo que derivó en disparos contra el vehículo.
Tras detenerse el automotor, los insurgentes señalaron que entre sus ocupantes se encontraban Ángela Bravo, integrante de Asojuntas Tame, quien resultó herida sin gravedad; su esposo, quien conducía el vehículo; y Luz Estella Sucre. De acuerdo con la versión del grupo armado, a la mujer lesionada se le brindó apoyo para su traslado a un centro hospitalario.
En el mismo comunicado, el ELN afirmó que durante la inspección del vehículo hallaron diversos alimentos, insumos de aseo y otros elementos, los cuales —según su versión— estarían destinados a una estructura armada ilegal en el vecino departamento de Casanare. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades civiles o judiciales.
De igual forma, el Frente de Guerra Oriental se refirió a la retención del ingeniero Kevin David Ospina, ocurrida el 7 de diciembre en el mismo corredor vial. El grupo armado aseguró que el profesional se movilizaba en motocicleta junto a otra persona a la que señalan de pertenecer a una organización criminal, y lo acusó de presuntamente servir como enlace logístico de dicha estructura, afirmaciones que tampoco cuentan con verificación independiente.
El ELN indicó que a las personas retenidas se les estaría aplicando un “procedimiento interno”, bajo lo que denomina su propia “juridicidad”, figura que no tiene reconocimiento legal dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones realizadas por el grupo armado. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han reiterado que este tipo de hechos vulneran el Derecho Internacional Humanitario, al afectar directamente a la población civil y restringir la movilidad en corredores viales del departamento de Arauca.
