En julio de 2023 el país estaba alarmado y conmovido por el secuestro que perpetró el ELN de la sargento Karina Ramírez, cuando se movilizaba con sus hijos menores de edad y su mascota por la vía entre los municipios de Fortul y Arauca, en el norte del departamento homónimo.
Tras su plagio de cinco días, la suboficial fue liberada ante una comisión humanitaria que conformaron entre la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, pero posteriormente hubo controversia porque el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que la militar tuvo responsabilidad en su rapto por no tomar las medidas de seguridad adecuadas en su desplazamiento por una zona históricamente azotada por los subversivos.
Tras casi dos años de ese trágico suceso, que se dio también en medio del fracasado proceso de paz entre el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y el mencionado grupo armado organizado, Ramírez hizo una serie de graves denuncias de lo que le ocurrió en medio de su cautiverio, luego de una entrevista que brindó en la revista Semana.
La más grave es que durante el tiempo en que estuvo en poder de esa guerrilla fue víctima de abuso sexual.
“Yo sufrí abuso sexual por parte de los guerrilleros, nunca lo quise hablar por vergüenza, pero o eran mis hijos o era yo, para mí ha sido una muerte en vida”, confesó la uniformada, describiendo el profundo impacto emocional que este hecho ha tenido en su vida.
Pero su calvario no cesó, porque luego de que recuperara su libertad ha comenzado a establecer que su propio esposo, también militar, tuvo que ver, presuntamente, con su plagio.
Se trata del mayor Edwin Aguirre, cuya relación sentimental, señaló, entró en un franco deterioro, luego del complicado momento que padeció.
Ramírez aseguró que una de las razones que la llevó a determinar esa situación fue que en el computador personal de su compañero sentimental encontró un catálogo de mujeres desnudas, lo que ha generado una fuerte polémica dentro de las filas del Ejército.
Esto también la llevó a ‘atar cabos’ y señaló que el oficial estaría relacionado con su secuestro, porque cuando ocurrió los guerrilleros tenían información confidencial que solo había compartido con él.
De acuerdo con su testimonio, Aguirre le compartió una fotografía de un operativo donde aparecían unos subversivos, imagen sobre la que la interrogaron.
Incluso, un año después de lo ocurrido, la militar había manifestado de sus sospechas de que uniformados de la institución hubieran participado en el rapto durante una entrevista en la emisora La W Radio.
“Los comandantes del ELN fueron enfáticos en decir que mi secuestro fue planeado. Me dijeron que me demoré mucho en llegar, que me estaban esperando. Desde mi liberación, he sido víctima de una persecución constante”, afirmó durante su diálogo con el medio radial.
En esa ocasión también señaló que en la institución castrense demeritaron las afectaciones en su salud mental, como consecuencia del secuestro.
“Me importa un culo (sic) la situación de secuestro que usted vivió. Aquí le pagan por trabajar, no por asistir a citas médicas”, aseguró que le recriminó una oficial.
La situación de la sargento Ramírez y las acusaciones contra el mayor Aguirre plantean interrogantes sobre el apoyo institucional y las medidas de protección para los uniformados que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La denuncia de la sargento Ramírez no solo expone una situación personal, sino que también pone en el centro del debate la necesidad de revisar los protocolos internos del Ejército y garantizar un entorno seguro y ético para sus miembros.
