En el marco del estado de conmoción interior para la región del Catatumbo y la emergencia carcelaria declarada por el Inpec desde el 12 de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, realizó una visita de inspección al establecimiento de reclusión y a la estación de policía de Ocaña, en Norte de Santander.
La visita se realizó en respuesta a la preocupación por las condiciones de detención en la Regional Oriente del Inpec, que abarca los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y el municipio de Aguachica en el Cesar. En esta región, hay 58 estaciones de policía que albergan a 1510 personas detenidas.
Contrario a lo esperado, se observó una disminución significativa en el número de personas recluidas en la estación de policía de Ocaña, pasando de 120 en octubre de 2024 a 58 en la actualidad, incluyendo una mujer. Se destaca la articulación entre la Gobernación de Norte de Santander y el Inpec, que logró una reducción del 51% en la ocupación; sin embargo, persisten graves vulneraciones de derechos:
Falta de espacio adecuado, ausencia de luz solar, colchonetas en mal estado, falta de implementos de aseo, filtraciones de agua, baños en mal estado, atención de salud deficiente, son algunas de ellas.
Preocupa particularmente la situación de la mujer detenida, quien permanece aislada, sin acceso al baño ni a una dieta adecuada.
Mientras que el Centro de Reclusión de Ocaña, que actualmente alberga a 360 personas, presenta un hacinamiento del 85%, pero ofrece mejores condiciones de detención, en tanto cuenta con una institucionalidad destinada para el proceso de resocialización y custodia de los internos.
No obstante, se identificaron las siguientes falencias:
- Limitada oferta de resocialización.
- Falta de personal de salud.
- Situación de las mujeres: 20 mujeres permanecen en un espacio reducido, con oferta de resocialización limitada a dos máquinas de coser.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo recuerda a los actores institucionales que ni aún en estados de excepción pueden suspenderse los derechos fundamentales de las personas y estos incluyen a aquellos que fueron privadas de la libertad.
