“No han pasado cuatro días desde cuando las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del ELN acordaron la prórroga del cese al fuego por 180 días en Colombia y ya el Frente de Guerra Occidental del grupo rebelde anunció por medio de un comunicado, el cual rechazamos tajantemente, un paro armado en el departamento del Chocó”, manifiesta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El paro armado, primero del año, el cual entrará en vigor a partir de las cero horas del 10 de febrero en la subregión del San Juan, particularmente en los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, enfatiza Camargo Assis, “es una clara violación a las libertades de la población civil. Esto implicaría el confinamiento de alrededor de 27.000 personas”.
Para la entidad de derechos humanos, es imperioso que el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental, este último delinque en el departamento de Arauca, se incorporen y ciñan a las negociaciones de paz que actualmente son adelantadas entre el Gobierno central y la guerrilla a la que pertenecen.
“Lo dijimos hace contados días y lo retiramos una vez más: de darse una posible finalización de la lucha armada del grupo armado ilegal, vía conversaciones, es clave que los dos frentes se sumen a los diálogos, con la finalidad de evitar que no sean la génesis de futuras disidencias, situación que tendría como cruel consecuencia el prolongamiento del conflicto armado tanto en Chocó como en Arauca”.
Desde el 2018, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría ha emitido 42 documentos de advertencia y prevención sobre los peligros a los que están expuestos los habitantes del departamento, que históricamente han tenido que padecer la crudeza del conflicto armado interno.
