El Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Carlos Camargo Assis, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que les entregue una pronta respuesta a los familiares de 27 migrantes y dos tripulantes, la mayoría de origen venezolano, que desaparecieron el pasado 21 de octubre. Las 29 personas iban en una embarcación que había zarpado de la isla de San Andrés y tenía como supuesto destino Nicaragua.
“Los familiares tienen derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos, es preocupante que después de más de seis semanas las autoridades no entreguen un reporte que permita establecer cuál fue el destino de la embarcación, sus tripulantes y los migrantes que iban a bordo”, señaló el Presidente de la FIO.
De acuerdo con un listado proporcionado por los familiares a la Defensoría del Pueblo, entre los desaparecidos hay nueve menores de edad, uno de ellos es un bebé de tres meses de nacido, también hay un adulto mayor de 69 años. “Es por eso que también le solicitamos al Gobierno la articulación de esfuerzos con los países fronterizos para encontrar a todas las personas reportadas como desaparecidas”, indicó Carlos Camargo Assis.
Si bien se trataría de 29 hombres y mujeres sin ser ubicados aún, el número podría ser mayor, por tal razón, se hace necesario establecer lo que sería el número real de quienes viajaban en la embarcación.
En este caso, la Defensoría del Pueblo ha adelantado varias acciones. Una vez conoció la situación, activó las respectivas rutas para la ubicación y rescate de este grupo de personas, como las solicitudes al comandante de la Base Naval A.R.C. San Andrés para que indicara las acciones adelantadas en la búsqueda. La entidad también ha atendido y acompañado a las familias de los migrantes desaparecidos que han solicitado apoyo.
Otras acciones emprendidas por la entidad
La Defensoría del Pueblo ha elevado varias advertencias debido al aumento de migrantes irregulares de diferentes nacionalidades en la ruta San Andrés-Centroamérica. Adicionalmente, reportó que las autoridades rescataron entre enero y octubre de este año a 392 personas; 89 de ellas, menores de edad.
A través de su Regional San Andrés y su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, ha brindado acompañamiento a los migrantes para que las entidades competentes les entreguen ayudas y les garanticen el derecho humano a migrar. También, para que las autoridades les brinden atención en salud y tengan acceso a alimentación, agua potable, entre otros servicios esenciales.
En diversos escenarios, incluso en el concierto internacional en condición de Presidente de la FIO, el Defensor del Pueblo de Colombia ha insistido en una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana: “Continuamos con el deber de adelantar las acciones necesarias para haya más compromiso de los países del continente, con el propósito de hacerles frente a todas las problemáticas derivadas del fenómeno de la migración irregular”.
