El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar con detalle el retiro de esquemas de seguridad, pues es una decisión que está afectando a personas con riesgo y consideradas de especial protección por el Estado.
Camargo Assis también insta a la UNP a tener en cuenta las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de que aporten significativamente a la toma de las decisiones relacionadas con la protección de quienes puedan revestir algún tipo de peligro.
“Hemos recibido quejas, muchas de ellas han sido corroboradas en el monitoreo y advertencias de nuestro Sistema de Alertas Tempranas, así como por los comités de protección en los que participamos como miembros permanentes. En las quejas nos han señalado que el riesgo persiste”, afirma el Defensor del Pueblo.
La entidad nacional encargada de promover y proteger los derechos humanos ha evidenciado que han sido retirados esquemas de protección a servidores o ex servidores públicos, lideresas o líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, miembros de grupos políticos y de oposición, sindicalistas, periodistas y personas que requieren especial protección del Estado.
Carlos Camargo Assis, en consecuencia, hace un llamado a los comités: “Es urgente que sean revisados los procedimientos, así mismo, que los ajusten, si son los casos y de acuerdo con el contexto de la situación de riesgo, vulnerabilidad y amenazas recibidas”.
El Defensor del Pueblo, igualmente, exhorta a la UNP a mantener las medidas implementadas para que sean protegidos los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza mientras se surten los procesos de revaluación de riesgo.
“Instamos a la Unidad, y es oportuno reiterarlo, a utilizar no solo las Alertas Tempranas que emitimos desde la Defensoría del Pueblo, sino la información de las quejas por violaciones a los derechos humanos que nos llegan a la entidad, pues son un insumo importante para facilitar la implementación de medidas de protección para quienes están en situación de riesgo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
