Los hijos de José Álvaro Torres tenían seis, nueve y catorce años cuando el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares los asesinó el 14 de octubre de 2010. Antes de descuartizarlos y enterrarlos en dos fosas comunes, Muñoz Linares abusó sexualmente de Jenny, la mayor, y de Jimmy Torres Jaimes, de nueve años. La condena contra el subteniente Muñoz llegó en 2012.
Para esa fecha, el padre de las tres víctimas ya había iniciado el éxodo que lo llevó hasta Quinchía (Risaralda), donde hoy es tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Lago San José, miembro de la Mesa de Víctimas e integrante de la Fundación Nuevo Renacer de Desplazados. Y, a pesar del protagonismo que tiene como líder y de que sigue recibiendo amenazas, desde el pasado 30 de enero su esquema de seguridad fue reducido a su mínima expresión.
La orden de la Unidad Nacional de Protección (UNP) llegó el 20 de junio de 2016. En esa fecha, el Comité de Evaluación de Riesgo y de Recomendación de Medidas (Cerrem) decidió retirarle su escolta y el vehículo, a pesar de que la revaluación de su seguridad arrojó que se encontraba en riesgo extraordinario. Con esa medida, Torres quedó acompañado por un hombre, un chaleco antibalas y un celular. Sin embargo, el campesino y hoy líder de víctimas dice que la realidad es muy distinta.
“La UNP no tuvo en cuenta que desde noviembre de 2015 ando sólo con un escolta. En esa fecha, yo pedí cambio de mi segundo escolta pues el muchacho con el que estaba trabajando no estaba cumpliendo sus funciones. El 12 de enero de 2016 fui hasta Bogotá a pedir que agilizaran la asignación de la nueva unidad. Pero ha pasado un año y eso nunca ocurrió. ¿A quién entrego ahora, a un escolta fantasma?”, comenta Torres, y precisa que, de quitarle la unidad que lo acompaña, ya no habría nadie que lo cuide. La UNP aseguró que los motivos por los cuales no se asignó un nuevo escolta hacen parte de la reserva sumarial del caso.
Además, el 19 de julio de 2016, Torres le envió a la UNP el certificado de denuncia por el extravío de su celular y le pidió al funcionario encargado hacer las gestiones necesarias para reponer su equipo, así como para ayudarle con la documentación necesaria, pues él desconocía los requisitos exigidos para adquirir uno nuevo. “Ellos nunca contestaron esa solicitud, y ya el señor Torres completa 14 meses sin celular”, comentó Adriana Romero, la abogada defensora del campesino. Apenas el lunes 30 de enero la UNP llamó a José Álvaro Torres para preguntarle dónde podían gestionar la entrega del teléfono móvil.
Según la entidad, la decisión de reducir el esquema de Álvaro Torres se hizo con base en el informe del Cerrem, que determinó que el riesgo inminente sobre su vida no es el mismo que en 2013, cuando el Consejo de Estado le ordenó al Estado brindarle protección según sus necesidades. En ese sentido, le dijo la UNP a este diario, se está cumpliendo la orden del alto tribunal de proteger a José Álvaro Torres.
No obstante, Flor Romero, la funcionaria del Ministerio del Interior que ha acompañado el caso de Torres desde el 2012, considera que la medida “es deplorable, pues prácticamente lo deja a su propia suerte”. Si bien Romero reconoce que el Acuerdo de Paz con las Farc desescala el conflicto del cual fue víctima Torres, “su caso no puede equipararse con otros, pues su problema es de riesgo contundente en todo el país”.
De hecho, sólo el año pasado recibió dos amenazas directas contra su vida. La primera ocurrió en los primeros días de enero, cuando el líder de víctimas viajó a Arauca. “En la vereda Floramarillo, donde ocurrió el crimen, me salieron unos tipos diciéndome que qué estaba buscando, que me desapareciera si no quería quedar con la jeta llena de tierra”, cuenta. Por eso no pudo asistir a la conmemoración número siete del asesinato de sus tres hijos.
La segunda ocurrió dos meses más tarde, en marzo, cuando en su celular personal recibió una llamada en la que le decían que si no se callaba, ellos —nunca se sabe quiénes son “ellos”— se encargarían de callarlo. Ambas denuncias fueron entregadas a la UNP antes de que se revaluara su riesgo. El abogado del Ministerio de Defensa que defiende a la entidad en el juicio administrativo que sigue en curso pidió al juez que ordenara investigar el origen de las amenazas. A pesar de todo esto, la UNP se ratificó en su decisión y desde las 8 de la mañana del pasado lunes el esquema de José Álvaro Torres se redujo a un escolta, un celular y un chaleco antibalas.
por elespectador.
