En Arauca, Córdoba, Catatumbo, Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó celebran el anuncio del Gobierno Petro sobre el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados como un respiro en medio de la guerra.
Sin embargo, les preocupa la verificación del cese así como otras actividades ilegales que los grupos mantienen en esas regiones.
El anuncio de un cese al fuego bilateral con algunos grupos armados tiene esperanzados a los habitantes de los municipios más afectados por la violencia en el país.
Unas horas antes de que 2022 terminara, el presidente Gustavo Petro publicó en su Twitter que el Gobierno pactó un cese al fuego bilateral con cinco de los grupos armados organizados que azotan los municipios y zonas rurales de Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada son las organizaciones al margen de la ley que se sumaron al proyecto de paz total.
Hasta el momento sobre el cese al fuego no se conoce mucho más que un trino del presidente y un comunicado escueto del Gobierno, todavía faltan por clarificar detalles sobre las reglas de juego y la verificación por parte de organismos internacionales. Sin embargo, las comunidades más afectadas por la violencia ya ven en el anuncio un ápice de esperanza.
Arauca
Las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc han puesto en el centro del conflicto a la población araucana, que durante el 2022 fue víctima de más de 80 secuestros y 352 asesinatos -12 de ellos contra líderes sociales-.
Según la Defensoría del Pueblo, más de 24.000 personas resultaron víctimas del conflicto solamente el año pasado. En total 175.224 víctimas provienen de este departamento.
Las localidades más afectadas son Saravena, Tame, Arauquita, Arauca, y Fortul.
Las disputas por el control del territorio y las rutas de narcotráfico son las causales de los más de 19.000 casos de desplazamiento forzado.
Cauca
Los recurrentes hechos violentos, sobre todo en el norte del departamento, son autoría de estructuras del ELN, la Segunda Marquetalia y otras disidencias de las Farc, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Comunidades indígenas y campesinas se han visto afectadas por quedar en medio de los enfrentamientos y ataques armados entre los grupos armados, incluido el Ejército Nacional.
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, Caldono, Argelia y El Tambo son algunos de los municipios que más vieron la violencia de cerca, según cifras de 2022.
Nariño
En el suroccidente del país hay presencia de, al menos, ocho estructuras de las disidencias de las Farc, cuatro del ELN y una del Clan del Golfo, según información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aunque esos no son los únicos actores armados en la región, pues también se pasean por las montañas nariñenses narcos y criminales de otras bandas delincuenciales.
En medio de las confrontaciones, policías, militares, líderes sociales e indígenas han sido víctimas de crímenes que van desde secuestros y extorsiones hasta asesinatos y ataques con explosivos.
Tumaco, Samaniego, Cumbal, El Rosario y Olaya Herrera son algunos de los municipios de Nariño con más presencia de grupos al margen de la ley.
Chocó, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca son otros de los departamentos con más derramamiento de sangre, de acuerdo con cifras de Indepaz, organización que contabilizó en todo el país 91 masacres con 289 muertes solo en 2022.
