El juez, de manera al parecer errada, al igual que dos jueces más de Málaga (Santander), habrían emitido medidas cautelares para frenar la liquidación de la EPS, pero no tenían competencia para esas decisiones.
Se trata del juez Miguel Roberto Flórez Prada, de Málaga (Santander), la juez Marcela Claudia Carolina Higuera Peña de Málaga (Santander) y el juez Luis Eduardo Montes de San José de Pare (Boyacá), quienes decretaron medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos del país, atribución que le correspondería a un Tribunal Judicial.
El pasado 4 de agosto de 2021, el juez promiscuo municipal de San José de Pare, Boyacá, admitió la acción de Tutela instaurada por el señor Jhoan Armando Morales Roncancio, en contra de la Superintendencia Nacional de Salud y contra la Secretaría de Salud de Boyacá, quien había argumentado la vulneración a los derechos constitucionales fundamentales a la vida digna, salud integridad personal e igualdad, a razón del proceso de liquidación de la EPS Comparta (Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada), y ordenó medidas cautelares y provisionales para proteger dicho derecho.
Las medidas cautelares, dejaron una marcada incertidumbre jurídica, pues suspendió la el proceso de liquidación de la EPS, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y el correspondiente traslado de los usuarios a otras Entidades para garantizarles su atención en salud.
Immediatamente, la Supersalud impugnó las medidas cautelares proferidas por los jueces promiscuos, por considerar que solo Tribunales tendrían competencia para decidir sobre las decisiones del ente de control.
Como consecuencia, 1,5 millones de afiliados, principalmente población vulnerable y con protección constitucional especial que requieren una atención oportuna y de calidad quedaron en vilo hasta tanto se resuelva la controversia judicial.
Y es que de acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas, entre otros, contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con intervención para administrar o liquidar deben ser conocidas, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Administrativos, situación que desconocieron abierta e ilegalmente los jueces.
Enseguida, el 5 de agosto, se conoció el auto proferido por la juez, Marcela Higuera Peña, -quien también había dictado medida cautelar-, en donde resuelve dejar si efectos el auto del pasado 3 de agosto emitido por su despacho y remitir por competencia los procesos, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, argumentando (…) “un error involuntario y desconociendo la nueva norma atinente al reparto de tutela, como es el Decreto 333 del 6 de abril de 2021”.
A su turno, el juez promiscuo de San José de Pare, resolvió este viernes 6 de agosto de 2021: «declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela instaurada por el señor JOHAN ARMANDO MORALES RONCANCIO en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD representada legalmente por FABIO ARISTIZABAL ANGEL o quien haga sus veces y la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ, por falta de competencia”, y ordenó “remitir las presentes diligencias a la Oficina de apoyo judicial de la ciudad de Tunja para que se sometan a reparto entre el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja o Tribunal Administrativo de Boyacá”.
Hasta el momento Flórez Prada, es el único juez que tiene pendiente la misma actuación de declaración de nulidad, y por eso se mantiene frenada la distribución de estos afiliados, que iba a adelantar el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS que sí se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento.
Los demás jueces, que recibieron otras 40 tutelas sí atendieron el mandato legal y trasladaron las acciones de amparo a los tribunales, por ser de su competencia.
El riesgo es para los 380.000 afiliados a Comparta EPS
Por lo anterior, los secretarios de Salud de Boyacá y Santander, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez y Javier Alonso Villamizar Suárez, expresaron públicamente su preocupación ante la incertidumbre jurídica de la EPS Comparta por la medida cautelar, teniendo en cuenta que la Superintendencia ya había nombrado agente liquidador y este proceso ya iba avanzando.
El actual liquidador informó que se está trabajando desde la Superintendencia Nacional de Salud para resolver este fallo jurídico, y que la medida ordenada por ellos pueda seguir adelante.
Mientras tanto, la anterior gerente de Comparta EPS, Mónica Hernández, está adelantando el trámite pertinente ante la Cámara de Comercio, para recuperar la representación legal y continuar al frente de la entidad, amparada en la medida cautelar ordenada por el Juez de Málaga.
Mientras tanto, se intenta establecer al día todos los canales posibles para garantizar la adecuada prestación de servicios a más de 380.000 afiliados, de los cuales 195.000 son del departamento de Boyacá y 190.000 del departamento de Santander, por parte de Comparta EPS, y/o de las EPS receptoras, en el momento en que se realice el traslado masivo de usuarios.
De hecho, los secretarios de salud de Boyacá y Santander le pidieron tanto al Dr. Faruk Urrutia, liquidador de Comparta EPS, como a la Dra. Mónica Hernández, que se realicen todas las acciones pertinentes y conducentes a garantizar la efectiva prestación de servicios a toda la población afiliada y de esta manera no se cree ninguna barrera en el acceso a los servicios de salud que se requieran por parte de esta población.
Por ahora es incierto si el traslado de los usuarios de Comparta EPS se va a ejecutar, pues este proceso se está estudiando según la viabilidad jurídica, debido a la medida cautelar ordenada por el juez de Málaga.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud y Protección Social está revisando todas las actuaciones jurídicas para determinar si se hace la migración de los usuarios de Comparta EPS, el próximo domingo 8 de agosto, como estaba previsto, o se deba postergar transitoriamente mientras se define la situación jurídica de la Entidad.
Mientras tanto, se solicitó a Comparta EPS que garantice la prestación de servicios a los usuarios durante estos días y el tiempo que sea necesario, hasta que se defina este proceso jurídico y se migren los usuarios a otras EPS, con el fin de proteger la vida de sus afiliados en todo el territorio nacional, especialmente en Boyacá y en Santander.
Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud informó que se debe seguir garantizando la prestación de los servicios a los usuarios.
