La Corte Suprema de Justicia consignó en un documento las pruebas y los hechos con los que abrió una investigación formal al senador. Al parecer, el congresista hizo parte de un presunto entramado de corrupción en el que habría, incluso, pedido coimas. Su defensa asegura que los testimonios en su contra son mentirosos y contradictorios.
La condición para que la Gobernación de Santander adjudicara un contrato para el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, de Bucaramanga, a finales de 2014, habría sido clara: el entonces gobernador Richard Aguilar Villa debía recibir una coima del 10 % del negocio.
La tajada, supuestamente, fue definida por él mismo, después de recomendar quién debía ser el contratista, que finalmente aceptó el negocio ilegal, que además incluyó el pago de otra cuantiosa suma a los funcionarios públicos que, al parecer, se prestaron para amañar la licitación y dejarla a gusto de Aguilar. Esta teoría de cómo presuntamente se adjudicó el contrato, que comenzó costando más de $24.000 millones, es la que hoy investiga la Corte Suprema de Justicia.
El Espectador tuvo acceso al documento en el que el alto tribunal consignó detalles de la adjudicación de ese contrato y de otros cinco más en los que, al parecer, Aguilar habría cometido varios delitos para favorecer su bolsillo y beneficiar a familiares. Desde que empezaron las pesquisas en su contra, ha trascendido que los principales testigos del caso son dos personas que trabajaron en la Gobernación: Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo.
Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio en marzo de 2015, confesó al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar.
Los esposos fueron capturados en octubre de 2018 y empezaron a hablar, sin admitir negociaciones de plata debajo de la mesa, al parecer, para beneficiar al exgobernador Aguilar. La Fiscalía emprendió las pesquisas y, por los personajes que fueron apareciendo, compulsó copias para que la Corte hiciera lo suyo en contra de Aguilar.
Así, el alto tribunal tuvo acceso a las versiones de Claudia Toledo, Lenin Darío Pardo, Octavio Reyes y Julián Jaramillo, hombre de confianza y asesor del despacho de Aguilar en la Gobernación.
Aunque esas declaraciones no han sido del todo validadas por la Fiscalía (hasta el momento solo las ha aceptado parcialmente en un principio de oportunidad a favor de los esposos), la Corte les ha dado la credibilidad suficiente para investigar a Aguilar.
El primer contrato al que hace referencia la Corte, en el documento en el que decidió abrir investigación preliminar contra el exgobernador, es precisamente el del estadio Alfonso López.
La idea de ese negocio era el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio y, según el alto tribunal, por una orden que presuntamente dio Aguilar, “se acordaron coimas por el 16 % del valor del contrato, incluidas las adiciones que se hicieran durante la ejecución del mismo, porcentaje distribuido así: 10 % para el gobernador Richard Aguilar, 3 % para Julián Jaramillo y 3 % para los esposos Toledo Pardo”.
Para que el contrato quedara en manos de Octavio Reyes, quien aceptó entregar dineros por debajo de la mesa, era necesaria la “ayuda” de los funcionarios de Aguilar.
fuente elespectador.com
