Durante la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, los asesinatos a líderes sociales no se han detenido. Han asesinado a 11 y el Cauca es la zona más afectada.
El plomo en Colombia es la ‘tinta roja’ con la que la violencia ha dibujado la geografía colombiana, enseñándole al resto del país la existencia de algunas veredas y corregimientos que ni siquiera aparecen en el mapa.
Allá, en el corregimiento Torno Rojo (Córdoba); en las veredas Betania (del corregimiento San Juan del Micay), Los Robles, y San Pedro, y en los municipios El Tambo, Almaguer y Mercaderes, todos en el Cauca, han asesinado a 10 líderes sociales y comunales durante la cuarentena decretada por el Gobierno nacional para evitar la propagación de la COVID-19.
Pero esta, la otra ‘pandemia’ que vive Colombia, no se concentra solo en el sur del país; también el norte tiene su dosis de plomo.
En el Magdalena, durante el aislamiento preventivo obligatorio, mataron al miembro fundador de la Junta de Acción Comunal del sector Calabazo, en la entrada de El Pueblito.
Así, desde el 25 de marzo han asesinado a 11 líderes sociales y comunales en el país.
También durante este mismo periodo, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), dos líderes fueron víctimas de atentados y 14 han sido víctimas de amenazas.
Ruta de la violencia
En lo que va del año han asesinado a 8 líderes políticos, a 33 líderes sociales (28 hombres y 5 mujeres) y a 9 líderes comunales, según la MOE.
Los departamentos donde más hechos de violencia se han registrado son Cauca (21), Arauca (17), Bogotá (13), Antioquia (11), Córdoba (11) y Putumayo (11). Hacen parte de estos hechos los secuestros, atentados, amenazas y asesinatos.
El departamento donde más se han presentado asesinatos es Cauca (17 en total en lo que va del 2020).
En la Región Caribe, lidera Córdoba con 11 hechos violentos en total (8 amenazas y 3 asesinatos). Junto a Antioquia y Putumayo, es el cuarto departamento con más hechos de violencia registrados en todo el país.
En Magdalena se han registrado 8 amenazas y un asesinato. En Bolívar, 5 amenazas y un asesinato. En Sucre, 2 amenazas, un atentado y un asesinato. En Cesar, una amenaza, un atentado y un asesinato. En la Guajira se han registro 2 amenazas y en el Atlántico una más
“En los territorios donde no se presentó violencia política en marzo, pero en abril sí, se presentaron hechos fueron en Bogotá y Magdalena. Mientras que departamentos donde continuaron los hechos de violencia fueron Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Putumayo y Santander”, se lee en el tercer informe de violencia política de la MOE.
En total, de 32 departamentos en 25 se han registrado hechos de violencia política: 155 en total.
La MOE sugiere al Gobierno priorizar la respuesta y fortalecer dicha capacidad por parte de los gobiernos locales en los departamentos del Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca, Bolívar, Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, debido a que son territorios que presentan continuidad de la violencia y presencia de grupos armados ilegales.
En especial, resaltan la situación de conflicto en el Cauca, en donde de los 11 líderes asesinados durante la cuarentena, 9 han sido en este departamento.
Así como ponen de presente que otros líderes han tenido que ser evacuados por la Defensoría del Pueblo luego de recibir amenazas de grupos armados.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en días recientes manifestó “alta preocupación por la arremetida violenta por parte de actores y grupos armados en el departamento del Cauca; el Pacífico nariñense, la zona del bajo Putumayo, el occidente de Antioquia y el Atrato chocoano, donde para avanzar en sus intereses por las economías ilegales intimidan y hostigan a la población civil”.
Líderes sociales y comunales
Los líderes sociales son los más afectados en el país, debido a que el 54,8% de los hechos violentos (85 en total) en lo que va del año han sido contra ellos.
Según el informe de la MOE, al comparar estos primeros 4 meses con los del 2019, hubo un aumento del 31,5% de los asesinatos a líderes sociales y del 25% a líderes comunales.
Según la MOE, se han registrado 20 hechos violentos contra los líderes comunales: 9 asesinatos, 1 atentado, 2 secuestros y 8 amenazas.
La Misión de Observación Electoral refirió el caso de Gloria Ocampo, líder social que fue secretaria de la JAC Puerto Guzmán hace dos años, asesinada en enero.
Así como en febrero, el fiscal de la JAC Villa Fátima y su hijo que era coordinador del Comité de Obras de la misma JAC fueron secuestrados y posteriormente asesinados, también en Puerto Guzmán.
Esta situación cobra mucho más significado debido a que las elecciones de juntas de acción comunal y de asociaciones juntas se realizarán este año.
“Dado que los dignatarios actuales y los exmiembros ya han sido víctimas de hechos de violencia, se le recomienda a las secretarías de gobierno y a las mismas JAC que tomen medidas de prevención y protección para los líderes comunales”, sugirió la MOE.
Investigaciones
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto al esclarecimiento de los hechos violentos contra líderes sociales, se identificó que el 38% de estos los cometieron particulares; el 31%, miembros de grupos delincuenciales organizados, y el 31% restante, se le atribuye a disidencias de FARC, ELN, EPL y ‘Los Caparros’.
El conflicto ‘pandémico’ del país
En tiempos de la COVID-19, el conflicto ha seguido atizando el fuego y la violencia en los territorios.
Las disputas, por la tierra, las rutas del narcotráfico y las minerías ilegales, entre los distintos grupos arma dos mantienen durante todo el año en ‘jaque’ a la población civil, y en especial a los líderes que salen en defensa de sus pueblos.
Tal como lo refirió el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux, Colombia vive su ‘pandemia’ singular, la del conflicto armado interno, “tan nuestro y tan tapado por el silencio de todos nosotros”.
En tiempos de la COVID -19 donde hay 7.285 contagiados, De Roux recordó que este conflicto tiene un millón de asesinados, 166 mil desaparecidos y más de 190 reincorporados de las Farc asesinados, que dejaron las armas creyendo en la paz.
Y así como la poca tolerancia ha llevado a estigmatizar a quienes se enfrentan al coronavirus desde su lugar de trabajo, también los que enfrentan la guerra han sufrido la estigmatización de ser llamados guerrilleros, de ser poco valorados por el hecho de ser desplazados y de ser señalados por la decisión de abandonar las armas y empezar un tránsito a la vida civil.
Como los médicos en tiempos de la COVID-19, los líderes sociales son los ‘héroes’ que se están sacrificando por salvarle la vida a la gente de sus pueblos.
Por ello, el presidente de la Comisión de la Verdad hizo un llamado al Gobierno nacional: “Valoramos las decisiones del presidente que han demostrado que cuando hay una urgencia extraordinaria se deben tomar medidas extraordinarias. Este conflicto también requiere de medidas extraordinarias y de voluntad política para que Colombia no siga acumulando víctimas en este conflicto nuestro”.
El azote a los reincorporados de las FARC y recién elegidos alcaldes
Desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 194 asesinatos contra reincorporados de las FARC.
En lo que va de la cuarentena, han asesinado a 6 excombatientes de las Farc. El 29 de marzo mataron a José Isidro Cuesta en el Carmen del Darién, Chocó; el 30 de marzo asesinaron a Juan Carlos Castillo en Puerto Asís, Putumayo; el 3 de abril la víctima fue Carlos Alberto Castaño (en Ataco, Tolima); el 16 de abril asesinaron a Emiliano Zapata Cárdenas y a Jhon Jairo Londoño, ambos en La Uribe, Meta, y el 17 de abril mataron a Rigoberto García Restrepo, quien fue comandante del Frente 34 de las Farc, en el municipio antioqueño Urrao.
Todos los anteriores habían dejado las armas y cumplían con su proceso de reincoporación. También los recién elegidos mandatarios locales han sufrido la violencia política. En lo corrido del año, 50 líderes políticos han sido víctimas de hechos violentos. Arauca (con 11 amenazas), Bogotá (con 7), Valle del Cauca (con 2 asesinatos a miembros del Polo y de Colombia Humana-UP), y Cauca (con un atentado al alcalde electo de Buenos Aires y otro al secretario de Planeación de Argelia) son los departamentos más afectados.
Solo en abril fueron amenazados una candidata al Concejo de Montería (Córdoba), el alcalde de Caucasia (Antioquia) y un concejal de Cartagena (Bolívar), siendo el mes con menor registro de violencia política hasta ahora.
