Cuando asumimos nuestro compromiso con la comunidad araucana de representarlos en la Asamblea departamental como diputada, lo hicimos con responsabilidad y conscientes de que representamos los intereses de todos los habitantes de los siete municipios.
Por ello, no hemos ahorrado esfuerzos en estar vigilantes de la inversión de los recursos públicos como una de nuestras principales funciones para el control político.
Para el polémico contrato de los mercados para la población por la afectación del aislamiento social, integramos la Comisión Accidental para hacer seguimiento a los mismos, solicitamos la intervención de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para el respectivo proceso de investigación y estamos atentos con el apoyo de la misma ciudadanía en la veeduría de la entrega de los mismos, muy pronto estaremos presentando nuestro informe de seguimiento.
Entre tanto, frente a la celebración del contrato Nro. 201 del 14 de abril de 2020, (celebración de las Fiestas en Cravo Norte) es preciso manifestar que junto a un equipo de abogados especialistas hemos hecho juiciosamente la tarea de analizar los aspectos jurídicos del proceso que llevó a la celebración de este contrato, encontrando que la administración departamental antes de haber tomado la decisión de celebrar dicho contrato, debió analizar las diferentes posiciones jurídicas a saber en relación con la revocatoria del acto de adjudicación, teniendo en cuenta que existen los fundamentos legales basados en sentencias del Consejo de Estado y conceptos de su sala de consulta y servicio civil (Sentencia con radicado 05001233100019980150301 (25750), del 26 de marzo de 2014; concepto con radicado 11001-03-06-000-2017-00098-00(2346), de fecha 15 de agosto de 2017) donde se manifiesta que “en cualquier evento en que la celebración y ejecución del contrato se vuelvan imposibles, de manera absoluta y definitiva, por el acaecimiento de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, después de adjudicado el contrato y antes de su celebración, la entidad estatal quedaría eximida o liberada de su obligación de suscribir el respectivo contrato.”
En este sentido la administración departamental, podría haberse basado en ello para no celebrar el contrato, teniendo en cuenta la situación de calamidad pública, reconocida y comprobada mediante declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Gobierno Nacional, según Decreto 475 del 17 de marzo de 2020, con ocasión a su vez de la previa declaratoria de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Lo anterior, para efectos de haber evitado la inconveniente suscripción del contrato 201 de 2020, cuando era claro que ya no es posible su ejecución, por las razones de fuerza mayor arriba expuestas.
Aunque la Gobernación de Arauca a través de un comunicado expuso que el contrato fue liquidado por mutuo acuerdo el pasado viernes 17 de abril de 2020 con la firma del contratista, se podría haber evitado todo este impacto mediático que tanto mal le hace al Departamento, haciendo el análisis jurídico antes de la celebración del contrato y dejando la evidencia actualizada en el SECOP, debido a que pese a que se informó de la liquidación, a la fecha de ayer 19 de abril de 2020, consultado el proceso licitatorio No. LI-06-01-2020, se encuentran como últimos documentos publicados, el contrato y la propuesta económica, lo que conlleva a inferir, que en la actualidad existe un contrato con obligaciones vigente para las partes.
Hacemos un llamado como diputada al Gobierno Departamental y a sus dependencias de contratación y jurídica a mejorar sus procesos de contratación y publicación oportuna en el SECOP. Del mismo modo, sugerimos una mejora sustancial en los procesos de información y comunicación desde la Gobernación hacia los medios masivos, periodistas independientes y hacia la comunidad a través de sus propios medios y redes sociales oficiales. Es necesario que los araucanos cuenten con información oficial, clara, oportuna y veraz.
No podemos permitir que situaciones internas y la falta de cuidado sigan generando más daño al Departamento. Como diputada estaré al tanto del control político que haremos en la Asamblea departamental a cada uno de los funcionarios implicados en estos procesos.
