Por parte de las disidencias de las FARC se registraron reclutamientos en Guaviare, Caquetá, Meta y Nariño; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como el ‘Clan del Golfo’, contabilizaron reclutamiento en Antioquia y Chocó; y del EPL, o los denominados ‘Pelusos’, en Norte de Santander.
Por esta información que reposa en el despacho del procurador Fernando Carrillo, la Procuraduría General exigió a los entes territoriales y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), medidas de prevención y protección de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.
En este caso, el Ministerio Público advirtió “debilidad e inacción” por parte de la Ciprunna frente a sus responsabilidades en la formulación oportuna de un plan de acción que garantice la protección de los niños y adolescentes víctimas del conflicto.
En un informe preventivo sobre reclutamiento, el órgano de control reclamó la definición de un plan de asistencia técnica a las entidades territoriales, para que las administraciones que regirán entre 2020 y 2023 encaminen las acciones requeridas de manera articulada con la oferta de las entidades nacionales, que cuentan con programas de prevención y protección para los derechos de esta población.
En aras de prevenir el reclutamiento, el Ministerio Público, en el marco del análisis de la gestión pública territorial de las administraciones departamentales y municipales 2016-2019, puso al servicio de los departamentos y municipios un aplicativo web, con el objetivo de dinamizar el proceso de rendición de cuentas y, a su vez, facilitar a los entes territoriales mostrar en detalle las acciones desarrolladas, los avances, los logros y las dificultades encontradas durante su gobierno para la garantía de derechos de quienes son víctimas de este flagelo.
El órgano de control, en este caso, priorizó el análisis sobre la manera cómo los territorios abordaron la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes y encontró que en 62 municipios los departamentos de Antioquia (13), Atlántico (6), Bolívar (11), Boyacá (28), Caldas (3) y Caquetá (1), más Quindío, Sucre y Vichada no realizaron ninguna acción estratégica.
“La Procuraduría estableció que en el 30 % del territorio nacional aumentaron las víctimas, y se registró un incremento del desplazamiento forzado en cerca del 25 % de los municipios del país, de manera particular en Putumayo y Sucre, donde la cifra ascendió a un 50 %”, dice el documento.
El ente de control instó a atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que han advertido reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
A la Ciprunna le pidió orientaciones necesarias para que en los nuevos planes de desarrollo los gobiernos locales incluyan acciones pertinentes para la erradicación del reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando de esta manera su derecho constitucional a la protección.
Así mismo, las entidades territoriales deberán ajustar los programas y planes de acción existentes, teniendo en cuenta la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños y adolescentes por parte de los grupos armados y delincuenciales, y orientar su formulación hacia la identificación, priorización y análisis estratégico de problemáticas y potencialidades de cada región, de tal forma que se garantice la protección integral de los derechos da la niñez.
Por estas razones, la Procuraduría insiste en la articulación entre las entidades nacionales y territoriales, así como en la elaboración, a través de la Secretaría Técnica de la Ciprunna, de un plan de acción nacional con metas, objetivos, responsables y presupuestos claros, conforme a las acciones y necesidades identificadas.
Finalmente, enfatizó en la urgencia de que el Gobierno Nacional defina las acciones intersectoriales que permitan una respuesta integral y oportuna a las situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización.
