El ataque a la institución policial no solo sepultó cualquier oportunidad de diálogo con el anuncio del presidente Iván Duque de terminar las negociaciones, también dejó en el limbo las relaciones bilaterales con Cuba, país que actúo como garante en el proceso de paz con las Farc y cumplía la misma función en las negociaciones con el Eln.
“Las tensiones entre los dos países aumentaron con una petición del Gobierno colombiano: la extradición de los comandantes del Eln a Colombia para que respondieran por delitos cometidos en el país. Esto ha llevado incluso a que Cuba desconfíe de Colombia para participar como futuro garante de un proceso”, expresó Juan Carlos Ortega, analista del Conflicto Armado.
Esta solicitud fue hecha nuevamente por el Gobierno colombiano y ayer el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que se hace para que respondan “por delitos por los cuales ya habían sido condenados en el pasado”.
Las acciones judiciales
Un año después del atentado, la Fiscalía logró identificar y capturar a tres de los presuntos participantes en esta acción violenta. Entre ellos está Ricardo Carvajal Salgar, quien según los agentes se atribuyó el atentado en una conversación telefónica interceptada y pagó el alquiler del local donde guardaron y armaron el carrobomba; Wilson Arévalo Hernández, señalado por el ente investigador como el conductor que movió el vehículo desde Arauca hasta Bogotá, y otra persona que no fue identificada porque su etapa de juicio es preliminar.
“En audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado imputó los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada”, dijo la Fiscalía.
El procedimiento incluyó la intervención de nueve inmuebles, 10 vehículos y un establecimiento comercial con fines de extinción de dominio desde los cuales se habría financiado varios ataques del Eln con recursos económicos y logísticos.
Una de esas propiedades es una empresa de lácteos con sede en Bogotá y su red de transporte entre Arauca y la capital de Colombia que habría servido para mover cocaína y dinero, “a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llevaban a las estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca”, como registró la Fiscalía en el informe de la investigación.
“Los analistas identificaron incrementos patrimoniales injustificados, ganancias ocasionales, compra y traspasos de inmuebles a precios muy por debajo de los valores comerciales, entre otras maniobras comerciales que nunca fueron reportadas y daban cuenta del flujo de capital ilícito”, expresaron los investigadores, quienes señalaron a alias “Nacho Leder” como uno de los principales testaferros del frente Domingo Laín del Eln y puente para recibir el dinero de la empresa de quesos.
En otra línea, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a los generales de la Policía Carlos Enrique Rodríguez González, director Nacional de Escuelas, y Juliette Giomar Kure Parra, directora de la Escuela de Cadetes en Bogotá, para establecer si tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones y la vida de los estudiantes.
Vincularán al Coce
Un año después del atentado en la escuela de cadetes, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado solicitará a un juez de control de garantías vincular formalmente a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, a una investigación. A estos se sumarán tres miembros de la Dirección Nacional del Eln.
“Se pedirá que sean procesados en contumacia por los delitos de: homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa”, expresó la fiscal.
El ente investigador logró la expedición de órdenes de captura internacionales de los miembros del Coce y se suma a la última petición de extradición de la cúpula de esa guerrilla ante la petición de sectores como la Iglesia que piden retomar diálogos y la negativa del Gobierno de continuar un proceso de paz mientras no cesen los ataques.
