“Hasta este jueves se han registrado al menos ocho asesinatos en los pasos fronterizos de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, 33 en el mes que recién finaliza; sin que en muchos de estos casos las autoridades venezolanas se avoquen a realizar el levantamiento de los cadáveres, en un intento por invisibilizar la violencia que se ha agudizado en la zona durante las últimas semanas”.
Así lo señaló Javier Tarazona, director general de Fundaredes, al introducir ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, un documento en el que la organización solicita abrir una investigación sobre la negligencia de las autoridades venezolanas para atender el levantamiento de los cuerpos de quienes han resultado víctimas de la acción de grupos armados en las trochas fronterizas.
Atribuyó la situación a las disputas que sostienen la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales por el control de los territorios y las actividades ilícitas asociadas a ellos en la franja binacional colombo-venezolana.
“Exigimos que se atienda la situación, porque el Estado venezolano abandonó a sus muertos”, dijo Tarazona al tiempo de calificar como “dantesca” la situación que se vive en las trochas en los últimos días, donde los cadáveres permanecen por horas tendidos en territorio venezolano en las adyacencias del río Táchira, sin que ningún funcionario policial o militar de Venezuela se haga presente “y han sido las autoridades colombianas, las que en un gesto de solidaridad humanitaria, han procedido a realizar estos levantamientos”, acotó.
Llamó la atención sobre el hecho de que la población caída en medio de esta guerra territorial, está compuesta principalmente por hombres muy jóvenes de entre 14, 15 y 16 años, algunos de ellos víctimas inocentes y otros ligados a las actuaciones de algunas de estas organizaciones al margen de la ley, “que vienen actuando impunemente en el territorio fronterizo venezolano, incluso con la anuencia de las autoridades que facilitan escuelas y otros lugares de uso público, para atender y resguardar a colectivos y guerrilleros”, argumentó.
Señaló Tarazona que los principales responsables de los enfrentamientos recientes en Ureña, señalados por testigos documentados por Fundaredes, pertenecen al frente urbano “Gustavo Villamizar” del Eln; adicionalmente hizo referencia a que en otras entidades como Apure operan algunos disidentes de las Farc, y prueba de ello sería la carta pública enviada por esta organización a Diosdado cabello para que fuesen liberados “El comandante Lucas” y otros integrantes del Frente Primero de las Farc que estaban siendo procesados por el robo de armamento y municiones a cuarteles venezolanos.
“Lo más preocupante es que la carta tuvo efecto y esos personajes efectivamente fueron liberados”, aseguró el defensor de Derechos Humanos al tiempo de denunciar lo que señaló como una “vinculación asociativa” entre los grupos irregulares y las autoridades venezolanas.
