En marzo del año 2017 se llegó a un acuerdo para sustituir los cultivos ilícitos en el departamento de Arauca, a lo cual, según organizaciones sociales, se sumaron todos los responsables de los predios donde habían sembradíos ilegales.
«El campesinado de Arauca le ha cumplido al país, pero el Gobierno nacional el 50% del compromiso. Aspiramos a que en estos meses siguientes se puedan implementar los proyectos por la sustitución de los cultivos de uso ilícito, para que los antiguos sembradores entren en la legalidad», expresó el vocero de la Mesa Cívica Álvaro Hernández Romero, vinculado al proceso en la región.
Afirma que «efectivamente en los sectores donde se erradicó no hay coca, pero dice el director nacional del Pnis, Hernando Londoño, (de visita en Arauca) que en el último registro de la Policía Nacional Antinarcóticos hay 7 hectáreas y media. «Eso es el 1% de lo que había. (…) Nos sorprende esa noticia. Queremos verificar, que nos digan dónde están. Aún no lo creemos porque el campesinado afirma que no se ha resembrado ni hay cultivos nuevos», cuestionó Hernández Romero.
Más allá del pago en efectivo, que sí se cumplió a quienes dejaron la ilegalidad, y de los proyectos productivos, agregó que «si hay tierra para el campesino van a producir comida (…) porque lo demás llega por añadidura».
Aseveró que el gobernador, Ricardo Alvarado Bestene, sí ha respaldado los acuerdos y está ejecutando obras que se le exigieron al Gobierno central. «Ya se está pavimentando la vía entre Pueblo Nuevo y Filipinas, la construcción del puente de Bocas del Ele, así como otros trabajos», expresó el activista.
