Por negligencia ante la crisis carcelaria de sindicados del país, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra 28 alcaldes, entre ellos, Federico Gutiérrez y los alcaldes de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quindío, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué y Cali.
También interpuso una acción popular contra 28 gobernadores, entre ellos, Luis Pérez Gutiérrez y los gobernadores de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
“Nosotros le enviamos hace más de un año muchas comunicaciones a los alcaldes a los que en este momento les estamos abriendo una indagación. Porque en buena parte de esos casos ni siquiera ha habido respuestas a las solicitudes de la Procuraduría”, dijo Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.
Para la Corte Constitucional la crisis supera el poder de decisión de los jueces, entre enviar a la cárcel o dejar en centro de paso.
“Escoja cuál es el mal menor pero no cierre cárceles. Si eso va a propiciar un grado de afectación tan grave a los derechos de las personas detenidas que van a estar mucho peor en los centros transitorios”, indicó la magistrada Gloria Estela Ortíz, presidente de la Corte Constitucional.
El hacinamiento en Antioquia es del 80 % en centros carcelarios y del 400 % en calabozos de paso.
“Mañana a lo mejor, por lo menos, en (centro de paso) la Candelaria, un ciudadano tendrá disponible 49 centímetros cuadrados para movilizarse en reclusión y sin acceso a luz. Con dos baños para 375 personas detenidas”, sostuvo Juan Carlos Cortés González, viceprocurador general de la Nación.
En la audiencia pública sobre tema carcelario y de salud realizada este lunes en Medellín, la Procuraduría propuso acudir a mecanismos de cooperación internacional para modernizar el sistema penitenciario y garantizar el derecho de los internos.
