El diputado Carlos Alberto Hernández reclamó que no se está cumpliendo con un derecho adquirido por los corporados ni con el deber de Gobierno de garantizarles seguridad.
Señaló que aún tienen los esquemas de pero están en puertas de que se les eliminen. «Siempre está la zozobra en el camino, cuando nos desplazamos a otros municipios (…) Las amenazas siguen vigentes», advirtió el asambleísta.
Comentó que ante el nuevo estudio de riesgo se abre la posibilidad, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de hacer modificaciones y eso los lleva a tener una seria preocupación, porque se les disminuiría la vigilancia
«Tenemos que ir a los entes del Gobierno nacional, donde dejamos ver la falta de garantías para hacer nuestro trabajo», comentó el corporado.
Hasta ahora han hablado solo con el personal departamental de la UNP, el cual recibe órdenes del nivel central, por lo que no tendrían otra opción que viajar a Bogotá para presionar.
«Nuestras vidas están en riesgo», sentenció Hernández, antes de advertir que el personero de Saravena ya envió alertas tempranas donde se anuncian amenazas de los grupos al margen de la ley y otras circunstancias que crearán para limitar el trabajo parlamentario.
Sobre el problema, destacó que hay voluntad de ayudar por parte del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, pero tiene limitantes legales para brindarles respuestas.
