La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, advirtió este sábado que Nicolás Maduro usurpará el cargo de jefe de Estado a partir del 10 de enero, cuando jurará por un nuevo período de seis años, por lo que la Cámara trabajará a favor de una transición política en el país.
Si Maduro desoye las voces que le han pedido no tomar juramento los diputados reafirmarán «la ilegitimidad y desconocimiento de Nicolás Maduro, así como la declaratoria de usurpación del cargo», adelantó el opositor Juan Guaidó, en su primer discurso como presidente del Legislativo.
Numerosos Gobiernos no reconocen el triunfo del líder chavista en las elecciones del 20 de mayo, en las que no participó el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas, una postura que la nueva directiva de la AN, instalada hoy, planea mantener.
Por ello, Guaidó manifestó su intención de que el Parlamento asuma «la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional, para defender y resguardar los intereses, derechos y patrimonio del pueblo y Estado, dentro y fuera de Venezuela, mientras dura la usurpación».
Además, pidió crear un órgano de transición para la restitución del orden constitucional, la lucha contra la usurpación y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional contra la llamada revolución bolivariana que gobierna desde 1999.
«Hoy está suficientemente claro que Maduro es un dictador (…) y como tal no se va a dar cuenta de manera alegre que vamos mal, no va a hacer una concesión graciosa a toda la exigencia y necesidad y clamor de un pueblo, debe ser producto de la acción legislativa, del derecho a protestar constitucionalmente», dijo Guaidó.
En este sentido, indicó que el «llamado a la lucha es para todos los ciudadanos que sientan que esta miseria no es la única forma de vivir» e incluye a «los militares que también son ciudadanos y padecen los mismos problemas y sus sueldos no dan para vivir».
El flamante líder parlamentario, militante de la formación Voluntad Popular (VP), manifestó también su interés por retomar la designación de autoridades, un proceso que ya intentó al nombrar magistrados del Supremo, todos hoy exiliados o procesados por la justicia venezolana.
Asimismo, la Cámara planea promover este año «la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales para impulsar la cooperación humanitaria y la restitución del orden constitucional».
Todo esto, según Guaidó, busca crear las condiciones para un Gobierno de transición que cuente «con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las fuerzas armadas» y que permita «elecciones libres».
El antichavismo ya había adelantado que Guaidó, un ingeniero de 35 años, sería investido como líder de la Cámara en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad suscrito por la oposición, según el cual le corresponde este año el mando a VP, partido fundado por el opositor preso Leopoldo López.
El diputado Édgar Zambrano, de la formación Acción Democrática (AD); y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo (UNT) fueron designados como primer y segundo vicepresidente del Legislativo respectivamente tras obtener la mayoría de los respaldos.
La fracción opositora «16 de julio» adelantó que apoyaría de forma condicionada la elección de Guaidó pero no las de Zambrano y González pues, argumentan, «distan mucho» del accionar de sus formaciones, aunque todas son contrarias al Gobierno de Nicolás Maduro.
Esta escisión del antichavismo espera que la nueva directiva asuma el mando del Ejecutivo debido a la inminente toma de posesión de Maduro el próximo jueves.
La directiva de la Cámara la completan el diputado Edinson Ferrer como secretario y José Luis Cartaya que repite como subsecretario.
A la sesión de hoy acudieron alcaldes y concejales opositores, representantes sindicales, dirigentes políticos, un centenar de diputados y una veintena de representantes diplomáticos.
Luego de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños, el Supremo declaró a la AN en desacato por lo que sus actos son considerados nulos y Maduro no rinde cuentas a los diputados desde 2016.
