Por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cinco gobernadores y siete alcaldes en ejercicio, están siendo investigados por la Contraloría General de la República, la cual no ha revelado sus nombres. Asimismo están vinculados siete exgobernadores y 45 exalcaldes en 145 procesos de responsabilidad fiscal que suman $84.000 millones.
El contralor Edgardo Maya Villazón, dijo que en 17 procesos (en 11 departamentos) ya fueron imputados cargos, por más de $7 mil millones de pesos.
Por este mismo caso en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad fiscal, en primera instancia, que totalizan $2.940 millones.
Se destacan igualmente tres fallos de impacto nacional por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, cuya cuantía suma más de $2.797 millones.
Los involucrados
Según el ente de control, dentro de los 154 procesos abiertos se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables, los siguientes exgobernadores:
*Arauca: José Facundo Castillo Cisneros (se le siguen tres procesos por más de $6.367 millones, de los cuales en uno ya fue imputado por más de $1.186 millones).
*Cesar, Luis Alberto Monsalvo (se le imputaron cargos de responsabilidad fiscal por $630 millones).
*La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso (se le llevan dos procesos por más de $16.339 millones, ambos declarados de impacto nacional).
*Santander: Richard Alfonso Aguilar Villa (se le lleva un proceso por la suma de $3.923 millones).
*Sucre: Jorge Carlos Barraza Farak (un proceso por $31 millones).
*Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez.
*Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis.
Otros casos
Aparte del PAE, la administración de Maya Villazón deja imputados otros casos emblemáticos de su gestión, como son Reficar, el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre y el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué.
En el caso de Reficar se imputó responsabilidad fiscal por la pérdida de más de US$2.400 millones, equivalentes a más de $5 billones. Se trata del caso con un mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia, cuatro veces mayor que el fallo de Saludcoop de 2013.
La apertura del proceso fue el 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de tal magnitud.
En los casos del Cartel de la Hemofilia se están adelantando cinco procesos de responsabilidad fiscal en tres departamentos: Córdoba, Bolívar y Caquetá. El posible despilfarro de recursos es de $85.000 millones, de los cuales ya la Contraloría ha imputado por $76.000 millones. Están involucrados seis exgobernadores y diez exsecretarios de Salud Departamentales.
En el caso del Cartel de las Enfermedades Mentales, en Sucre, la Contraloría adelanta 13 procesos de responsabilidad fiscal por $9.600 millones, en los cuales encuentran comprometidos un exgobernador, dos exsecretarios de salud, así como nueve clínicas y centros de rehabilitación en salud mental. La Contraloría ya imputó responsabilidad por la suma de $2.600 millones.
En ese sentido, la Contraloría mencionó el caso de los Juegos Nacionales de Tolima, otro que va “muy adelantado”. Se abrieron 13 procesos de responsabilidad fiscal por más de $40.000 millones, y ya se han fallado dos de ellos (por $15.00 millones) por parte de la Gerencia de la CGR en este departamento.
Están vinculadas 56 personas, incluido el entonces Alcalde municipal, y se han decretado y practicado medidas cautelares efectivas sobre bienes inmuebles y activos bancarios en cuantía superior a los $112 mil millones.
