La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al representante a la Cámara electo Luis Emilio Tovar, quien es investigado por supuestas irregularidades en dos contratos que firmó cuando ejercía como alcalde de la ciudad de Arauca, uno del 2012 y otro del 2015.
Tovar obtuvo aval del Centro Democrático para lanzarse a la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca, cargo que ganó luego de sacar más de 9.700 votos en las elecciones legislativas del pasado marzo.
El caso más reciente que revisó el Ministerio Público tiene que ver con una obra adjudicada en diciembre de 2015, en la que se invirtieron 3.700 millones de pesos para reforzar el terraplén el puente conocido como La Florida y otro ubicado entre los caseríos Feliciano y Cabuyare.
La Procuraduría encontró evidencia que daría cuenta que la convocatoria para dicho contrato se habría diseñado con restricciones que aparentemente favorecieron al Consorcio Cabuyare 2015, en detrimento de otros proponentes que en realidad no tuvieron oportunidad de competir para ganar dicho convenio.
Para el órgano de control con esa acción se habrían violado los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación.
Por ese hecho también se dictaron cargos a la Secretaria de Obras Públicas de Arauca de esa época, Layla Zorro Vega. El Ministerio Público calificó la falta presuntamente cometida por los dos exfuncionarios como gravísima, a título de culpa gravísima.
El otro proceso aparentemente irregular por el que es investigado Tovar es la firma y ejecución de un convenio de cooperación y asistencia técnica en octubre de 2012, que tenía comoobjetivo adelantar las acciones necesarias para legalizar o sanear la situación jurídica de varios predios de la alcaldía.
De acuerdo con la investigación, Tovar Bello habría omitido el deber legal de abrir una convocatoria pública para permitir la participación de otras empresas interesadas, ya que el convenio no era la figura para contratar actividades que generaban una contraprestación al municipio de Arauca.
Para el Ministerio Público con esa conducta se habrían desconocido los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal, con el uso de un método directo de selección que aparentemente no permitió la participación plural de oferentes.
Por esos hechos, el órgano de control también dictó pliego de cargos al entonces Secretario de Apoyo a la Administración Municipal, Félix Manuel Cabarcas Bravo, y al Jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía para esa época, Jackson Javier Cáceres.
La Procuraduría calificó la falta aparentemente cometida por los tres exfuncionarios como gravísima, a título de culpa gravísima.
