Lina María Garrido Martín, exrepresentante a la Cámara por Arauca, es objeto de una investigación disciplinaria que busca establecer si acreditó la experiencia profesional exigida para ocupar la dirección de la ANT. El Consejo de Estado también estudia una demanda contra su nombramiento.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina María Garrido Martín, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para determinar si cumplió con los requisitos de experiencia profesional necesarios para ejercer el cargo.
La actuación se inició tras una queja presentada el 13 de octubre de 2026, en la que se cuestionan los certificados laborales aportados por la funcionaria, particularmente los relacionados con su vinculación a la Asociación de Ganaderos de la Sabana de Arauca (Asosabana).
De acuerdo con la denuncia, existirían presuntas inconsistencias en la descripción de los cargos y las funciones desempeñadas por Garrido antes de asumir la dirección de la entidad. Entre los aspectos señalados está la supuesta falta de correspondencia entre el cargo certificado y las funciones que existirían dentro de la asociación.
El denunciante también plantea posibles similitudes entre la información consignada en algunos documentos laborales y el manual de funciones de la Agencia Nacional de Tierras. Estos señalamientos deberán ser verificados por el organismo de control y no constituyen, por sí mismos, prueba de irregularidades.
Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó recopilar información relacionada con las fechas de vinculación y posesión de Garrido, el salario devengado durante 2026, las funciones desempeñadas y las actualizaciones de su hoja de vida en el sistema de información de la Función Pública.
El propósito es establecer si la experiencia acreditada por la funcionaria cumple con las condiciones exigidas legalmente para dirigir la ANT, entidad responsable de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.
El caso también tiene un componente judicial. El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el nombramiento de Garrido, formalizado mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026.
El alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional, por lo que la funcionaria continúa al frente de la entidad mientras avanza el proceso. Esta decisión cautelar no equivale a un fallo definitivo sobre la legalidad de su designación.
Garrido, oriunda de Arauca, fue representante a la Cámara por ese departamento durante el periodo 2022-2026. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, con especializaciones en Gerencia Social y Opinión Pública y Mercadeo Político.
La investigación disciplinaria busca esclarecer si se cumplieron los requisitos de experiencia exigidos para su nombramiento. Su apertura no significa que se haya establecido responsabilidad disciplinaria ni que se haya comprobado la falsedad de los documentos cuestionados.
Las decisiones de fondo dependerán de la documentación recaudada y de las conclusiones a las que lleguen los organismos competentes.
