Las jornadas de búsqueda activa se desarrollaron en Arauca, Tame, Saravena y Arauquita, donde equipos de protección identificaron situaciones de riesgo y activaron acciones para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Un total de 100 menores de edad fueron focalizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante jornadas de búsqueda activa en cuatro municipios de Arauca, como parte de las acciones para prevenir el trabajo infantil e identificar posibles vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia.
Las intervenciones fueron realizadas por el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI), cuyos profesionales recorrieron sectores priorizados de Arauca, Tame, Saravena y Arauquita para identificar factores de riesgo asociados con la alta permanencia de menores en las calles y las situaciones de vida en calle.
Durante las jornadas, los equipos establecieron contacto con las comunidades y adelantaron verificaciones para detectar posibles amenazas contra la integridad y los derechos de los menores, con el propósito de facilitar una respuesta institucional oportuna.
Las acciones incluyeron orientación psicosocial, verificación de derechos, seguimiento a los entornos familiares y sociales de los menores identificados y gestiones para facilitar su acceso a los programas y servicios institucionales.
Cuando las circunstancias lo requirieron, el ICBF activó rutas de protección para atender las situaciones detectadas y promover entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.
La estrategia busca intervenir de manera preventiva en comunidades donde pueden presentarse condiciones que expongan a los menores al trabajo infantil, a la permanencia prolongada en las calles o a otras formas de vulneración de sus derechos.
El ICBF anunció que continuará desarrollando estas acciones en el departamento e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda poner en peligro los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La entidad dispone de la Línea 141, habilitada para reportar situaciones de amenaza o vulneración de derechos de menores de edad y solicitar orientación sobre su protección.
