La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la intensificación de las acciones armadas registradas entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Arauca, Cauca, Chocó, Vichada y Norte de Santander, donde ataques con explosivos, enfrentamientos y hostigamientos dejaron víctimas mortales, heridos y afectaciones a la población civil.
Según el organismo, los hechos ocasionaron la muerte de civiles y miembros de la fuerza pública, además de daños en viviendas y otros bienes civiles, mientras comunidades enteras quedaron expuestas a los efectos del conflicto armado.
En Chocó, el 14 de julio, 45 personas tuvieron que ser evacuadas del sector Las Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, debido a enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN. Durante la operación, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos por la activación de artefactos explosivos. La Defensoría advirtió que las comunidades indígenas de la zona continúan en riesgo por la posible presencia de explosivos y la persistencia de las hostilidades.
En Arauca, el 16 de julio, un ataque con explosivos atribuido al ELN contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame, dejó dos policías y una mujer civil muertos, además de nueve uniformados heridos. La entidad resaltó que el atentado ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niños y niñas indígenas, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, poniendo en riesgo a estudiantes, docentes y habitantes del sector.
En Vichada, un ataque armado perpetrado por un grupo ilegal aún sin identificar contra el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, dejó tres jóvenes indígenas asesinados y una mujer herida. El hecho provocó el desplazamiento de varias familias y la quema de viviendas. La Defensoría recordó que la Alerta Temprana 017 de 2024 ya había advertido sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos por la presencia de estructuras armadas ilegales en esa región.
En Norte de Santander, un carro bomba atribuido al ELN explotó cerca de una instalación militar en Tibú, dejando siete personas afectadas, tres de ellas con heridas por esquirlas y cuatro con afectaciones emocionales. La explosión también causó daños materiales en viviendas y en una estación de servicio cercana.
Mientras tanto, en Cauca, la Defensoría informó que en zona rural de El Tambo varios habitantes habrían sido presionados por disidencias de las FARC para movilizarse hacia el sector de El Filo y exigir la salida del Ejército. En medio de los hechos, una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Posteriormente, se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Crucero de Pandiguando, sin que se reportaran víctimas.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y reforzar la presencia institucional en las zonas impactadas por la violencia.
Asimismo, reiteró su exigencia a todos los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, protejan a la población civil —especialmente a niños, niñas y adolescentes— y se abstengan de atacar bienes de carácter civil, al advertir que estas acciones constituyen graves infracciones al DIH y pueden ser sancionadas por la justicia nacional e internacional.
