Dos meses después del caso que estremeció a Colombia por la muerte de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en un presunto centro clandestino en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en la investigación al presentar escrito de acusación contra dos personas que, al parecer, intentaron encubrir lo ocurrido.
Los procesados, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, serán llevados a juicio por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
De acuerdo con el ente investigador, ambos habrían participado en las acciones encaminadas a desaparecer el vehículo que fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima, con el propósito de dificultar el avance de las investigaciones tras su fallecimiento.
El caso generó indignación nacional luego de que el cuerpo de Yulixa Toloza fuera encontrado el 19 de mayo en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima (Cundinamarca), seis días después de la intervención estética a la que se había sometido en Bogotá.
La investigación puso nuevamente bajo la lupa la operación de centros estéticos clandestinos, una problemática que continúa cobrando víctimas y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales.
A este episodio se suma el reciente fallecimiento de Adriana Manotas, de 52 años, quien también perdió la vida tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de la localidad de Puente Aranda, en la capital del país.
Frente a esta situación, el Distrito reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar los establecimientos que operan sin los permisos exigidos y ponen en riesgo la salud y la vida de los usuarios.
Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, desde 2025 se han realizado 1.296 visitas de inspección y 590 operativos de control en centros estéticos, dejando como resultado 155 medidas sanitarias contra establecimientos que incumplían la normatividad.
En lo corrido de 2026, las autoridades han efectuado 104 inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas y han impuesto 34 nuevas medidas de seguridad sanitaria, en medio de la ofensiva contra la prestación ilegal de servicios estéticos en la ciudad.
