El comunicado del ELN no sólo omite responsabilidades, sino que pretende desvincularse de las consecuencias de una acción que ellos mismos provocaron en Saravena, Arauca.
Los hechos tienen un origen claro: fue el ELN quien ejecutó el ataque con explosivos contra la fuerza pública en una zona de tránsito civil. No fue un cruce armado fortuito ni una respuesta defensiva. Fue una operación planeada que alteró de inmediato la seguridad de la población.
Esa acción marcó el inicio de una cadena de violencia. Al detonar explosivos en medio de la comunidad, el grupo armado creó un escenario de riesgo donde cualquier respuesta posterior ocurre bajo presión y tensión. Es en ese contexto donde se registró la muerte de la profesora Paola Infante.
Sin embargo, en su pronunciamiento el ELN presenta su muerte como un hecho aislado, desconectado del atentado inicial. La secuencia muestra lo contrario: sin la explosión no se habría generado la crisis, sin el ataque no habría reacción, sin la incursión armada no habría víctimas civiles.
El contraste entre su narrativa y la realidad es evidente. Después de activar la confrontación, el grupo armado intenta asumir un papel de observador crítico, señalando a la fuerza pública y hablando de protocolos y respeto al derecho internacional humanitario.
Esa postura pierde legitimidad cuando se analiza el punto de partida. En Arauca, donde la violencia es parte del día a día, los habitantes han visto repetirse el mismo patrón: ataque armado, alteración del orden, impacto sobre la población civil y, finalmente, un comunicado que traslada la culpa.
Asumir que la muerte de una civil ocurrió en un contexto que ellos mismos provocaron implica aceptar responsabilidad política y moral.
Esa es la parte que el ELN evita.
La línea de tiempo es precisa. El ataque inicial encendió la mecha. Lo que vino después es su consecuencia directa.
