Pese a los temores generalizados generados por el recrudecimiento del conflicto armado que afecta a la comunidad campesina y afrocolombiana de la vereda La Holanda (jurisdicción del municipio de Tame, Arauca), sus habitantes decidieron salir a marchar por la paz. Esta actividad, cuyo lema fue «Que la paz sea una realidad», contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Arauca, así como con la participación de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país y de la Personería de Tame.
La Defensoría del Pueblo se trasladó hasta la zona para manifestar su apoyo a la comunidad como entidad garante de los derechos humanos, ante las difíciles consecuencias que han venido sufriendo por el conflicto armado.
Cabe recordar que en 2022, los habitantes de esta vereda fueron víctimas de un desplazamiento masivo forzado que dejó huellas imborrables en su tejido social y cultural. Dos años después, en el 2024, la situación no mejoró, ya que los confinamientos y desplazamientos individuales marcaron el día a día, privándolos de la tranquilidad y estabilidad que merecen.
El primer trimestre del 2025 trajo consigo una tragedia aún más devastadora: el pasado 30 de marzo, un integrante de su comunidad fue asesinado, y lo ocurrido pasó a simbolizar el sufrimiento continuo y la vulnerabilidad que enfrentan en medio de la crisis, derivada de las disputas territoriales entre los actores armados no estatales.
Desde la vereda La Holanda, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales, a los organismos internacionales y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que actúen de manera contundente ante esta situación. El silencio solo prolonga el sufrimiento de las familias de La Holanda, por lo que es clave unificar esfuerzos y establecer canales de ayuda interinstitucional que garanticen la protección de sus derechos fundamentales.
Con la promoción de acciones que garanticen sus derechos a la vida e integridad, todas las partes involucradas deben trabajar en soluciones que permitan a la comunidad de la vereda sanar, reconstruir y vivir con dignidad. Priorizar la paz y proteger la vida son un imperativo del Estado colombiano.
