En el marco de su mandato de protección y promoción de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo defendió ante la Corte Constitucional la conmoción interior en el Catatumbo, dada la grave crisis humanitaria que exige medidas extraordinarias en el ámbito humanitario. No obstante, pidió una revisión rigurosa a la necesidad de las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo y una audiencia pública en el territorio para escuchar a las comunidades afectadas.
En este sentido, la institución nacional de derechos humanos considera que el decreto cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, ve perentorio que sean analizadas la necesidad y proporcionalidad de esta declaratoria, ya que la conmoción interior es una medida excepcional que solo debe utilizarse cuando las herramientas ordinarias del Estado han sido insuficientes para contener una crisis de orden público.
Estos fueron algunos de los argumentos expuestos por la entidad en la Corte Constitucional durante su intervención en el debate sobre la constitucionalidad de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo.
Control estricto sobre la necesidad de la conmoción interior
La Defensoría reconoce la gravedad de la situación en el Catatumbo y los municipios afectados, pero considera que el Gobierno debe demostrar que las herramientas constitucionales y legales ordinarias resultaban insuficientes antes de recurrir a una medida extraordinaria como la conmoción interior.
En este sentido, la entidad insta a la Corte Constitucional a hacer un control estricto sobre la necesidad de la medida, evaluando si el Estado agotó todas las medidas disponibles dentro del marco normativo ordinario y si la conmoción interior es efectivamente el único camino viable para enfrentar la crisis en la región.
Análisis exhaustivo de las medidas adoptadas
Más allá de la validez formal del decreto, la Defensoría solicita a la Corte Constitucional que haga un análisis exhaustivo de cada una de las medidas que el Gobierno adopte bajo este estado de excepción. La Corte debe verificar que estas medidas sean estrictamente necesarias, proporcionales y ajustadas a los derechos fundamentales, evitando cualquier abuso que pueda vulnerar las garantías de la población civil.
La historia del país ha demostrado que los estados de excepción pueden generar impactos profundos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, la Defensoría hace un llamado a que cualquier medida derivada de esta declaratoria sea objeto de una evaluación minuciosa, garantizando que no se convierta en un mecanismo de restricción desproporcionada de derechos.
Convocatoria a audiencia pública
En virtud de la gravedad de la situación y la necesidad de una deliberación amplia, la Defensoría solicita a la Corte Constitucional la convocatoria de una audiencia pública en el proceso de revisión del Decreto 062 de 2025. Esta audiencia permitirá que las comunidades afectadas, expertos en derechos humanos y organismos de la sociedad civil puedan expresar sus puntos de vista sobre la situación en la región y la pertinencia de la declaratoria de conmoción interior.
Respuesta integral y coordinada
Si bien el Decreto 062 de 2025 busca atender la grave crisis de seguridad y humanitaria en el Catatumbo, la Defensoría insiste en que la respuesta del Estado no puede limitarse a una acción de carácter militar o de seguridad pública. Se requiere una intervención estatal integral que garantice:
- La protección efectiva de la población civil, especialmente de las comunidades en mayor situación de riesgo.
- La implementación de medidas de asistencia humanitaria urgentes para las personas desplazadas y confinadas.
- El derecho a la educación y la salud en los territorios afectados.
- La reactivación de estrategias de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial, de acuerdo con los compromisos del Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos en Colombia, y seguirá atenta al desarrollo de este proceso ante la Corte Constitucional.
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