sábado, octubre 5, 2024
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Ministros de Defensa y del Interior anuncian estrategias para fortalecer la seguridad y estabilidad en Arauca

Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa Nacional, Iván Velásquez, lideraron este jueves un Consejo de Seguridad en el municipio de Tame, Arauca, con el propósito de articular acciones entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía y las autoridades locales para proteger a la población civil y establecer un control efectivo del territorio.

Entre las principales conclusiones del Consejo, los ministros destacaron un aumento de personal de Policía en 30 investigadores de Policía Judicial y 20 de inteligencia, la adquisición de cuatro botes para la Armada Nacional, la actualización del cartel de los más buscados y la disposición por parte de la Gobernación de Arauca de $100 millones en recompensas y $6.200 millones para inversión en seguridad de todo el territorio.

Sobre las recientes alteraciones al orden público en la región, el ministro de Defensa reiteró la solidaridad del Gobierno con las familias y los soldados heridos en el atentado en Puerto Jordán, e insistió en que la no continuación del cese al fuego no fue por una decisión del Gobierno Nacional, que ha estado en la mayor disposición de discutir, negociar y buscar caminos reales para la paz.

“Esa es la orden del Presidente Gustavo Petro a la Fuerza Pública, que es además el mandato contenido en la Constitución Política… Como se había planteado en un Consejo de Seguridad anterior y como se verificó hoy en los cumplimientos, estamos aumentando las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para lograr el control de los territorios”, indicó Velásquez.

Por su parte, el Ministro del Interior expresó que el Gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz, especialmente con el ELN. 

“Pero para conversar, para hablar de paz se necesitan dos, y hasta el momento solo hay uno hablando, que es el Gobierno Nacional. El ELN no parece interesado. Ojalá rectifiquen para que, con un gesto inequívoco de paz, como lo dijo el señor Presidente de la República, se puedan retomar las negociaciones.  Aquí el gobernador y los alcaldes, plantearon la importancia que tiene para Arauca ese diálogo para aliviar la situación humanitaria”, señaló el Ministro. 

Asimismo, insistió en que “es fundamental el control territorial de nuestras Fuerzas Militares y la tarea que ellos realizan todos los días acá en Arauca para proteger a la comunidad. Pero al mismo tiempo, y paralelamente, tenemos que avanzar en la transformación territorial si queremos de una vez por todas evitar que la violencia se recicle una y otra vez”.

Para ello, el Ministerio del Interior ha estado liderando un Plan de Choque para acelerar la Implementación del Acuerdo de Paz que busca, entre otros objetivos, priorizar la inversión directa y focalizada en los 170 municipios PDET.

Además de los jefes de cartera del Interior y Defensa, esta reunión de seguridad contó con altos mandos de la Cúpula Militar y de Policía, con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, asistieron el gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez y los alcaldes de Tame, Miguel Bastos Morales; Arauca, Juan Alfredo Quenza; Arauquita, Luis Fernando Panqueva; Fortul, Freddy García Hernández; Cravo Norte, Nilson Castillo; Saravena, Juan Ignacio Cifuentes; y Puerto Rondón, Henry Gallardo.

Durante la jornada de trabajo, los ministros destacaron que se ha avanzado en los compromisos adquiridos en los Consejos de Seguridad realizados los pasados 18 de septiembre y 5 de junio.

Sumado a eso, cada entidad asumió compromisos para agilizar la operancia del Estado en la región. Entre ellos, la Defensoría se comprometió a destinar funcionarios para reportar las violaciones a los derechos humanos y el Ministerio de Justicia planteó construir centros de detención transitoria y hacer una mesa de trabajo con la Fiscalía para evacuar procesos de personas que están sin condena.

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