viernes, julio 12, 2024
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Los centros educativos deben ser espacios seguros donde los derechos de la infancia y adolescencia sean plenamente garantizados

Le llama la atención a la Defensoría del Pueblo que en los tres primeros meses del año en Colombia fueron realizados 4100 exámenes medico légales por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes (NNA), es decir, 42 por día, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. El 85% de los casos se presentó en niñas y adolescentes, y el mayor número de reportes ocurrió en Bogotá (743), Antioquia (441), Cundinamarca (318), Valle del Cauca (303) y Atlántico (303).

Para la Defensoría del Pueblo, los centros educativos deben ser espacios seguros en los que los derechos de la niñez y adolescencia sean plenamente garantizados. No es posible y no deben ser naturalizados los casos de violencia sexual que cotidianamente se conocen, en los que las familias y las instituciones educativas, lamentablemente, se convierten en los presuntos agresores con mayor número de denuncias.

Para el caso de Bogotá, dato que también le causa preocupación a la entidad de derechos humanos, en el 53% de los exámenes el presunto agresor fue un familiar, 19 casos se relacionaron con un compañero o compañera de estudio y 18, con docentes. Sumado a ese panorama, la Fiscalía General de la Nación reportó que, con corte a abril de este año, se registró en la capital del país un total 506 NNA víctimas de delitos sexuales que relacionaron el comienzo del 2024 como año de los hechos.

La violencia sexual es una grave vulneración de derechos que impacta a la infancia y adolescencia del país. Sus derechos a la integridad, la vida y la salud física y mental se ven afectados de manera directa por tan aberrante tipo de situaciones. Además, deja ver la ambigüedad que existe en las familias y en los espacios educativos, pues se supone que son escenarios protectores; sin embargo, no es así, porque es donde se estarían concentrando vulneraciones y violaciones de derechos humanos.

Con el fin de conocer oportunamente los casos y contribuir a darles el debido trámite, la Defensoría del Pueblo lanzó la interfaz de infancia y adolescencia de su App Contigo. Sociedad civil y diferentes actores, incluso los mismos NNA, pueden reportar vulneraciones de derechos de los que son víctimas quienes forman parte de ese grupo poblacional, sujetos de especial protección constitucional, para así poder activar las rutas de atención.

La herramienta contribuye a alertar de manera oportuna situaciones en las que se debe actuar con rapidez, y, con ello, activar las rutas según corresponda. Una detección temprana de casos de vulneración de derechos es la clave para frenar las violencias que afectan diariamente a la infancia  y adolescencia en el territorio nacional.

Prevenir, detectar, creerles a las niñas, los niños y adolescentes y abordar ese tipo de violencias permiten aportar a una mayor garantía de sus derechos en todas las regiones del país.

 

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