Entre el primero de enero y el 30 de abril de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 43 alegaciones o denuncias de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, así lo dio a conocer este jueves 23 de mayo.
Asimismo, la Oficina explicó que entre todos los casos conocidos solo diez han sido completamente verificados. Otros 41 están en proceso de contrastación y, por último, trece arrojaron el resultado de “no concluyentes”.
Los diez casos verificados se repartieron en Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar. En Cauca hubo cuatro asesinatos constatados,
Para que un caso se califique como verificado las Naciones Unidas cuentan con dos criterios que deben cumplirse: que la víctima sea un defensor o defensora de derechos humanos y que al menos una hipótesis de su asesinato se vincule a esa labor.
El procedimiento de la Oficina pasa por conocer alegaciones o quejas, llevar el seguimiento de ellas en el terreno (lo que se denomina ‘proceso en verificación’), documentar las denuncias que cumplan los parámetros y, finalmente, clasificarlas.
Los diez episodios verificados corresponden a dos mujeres, una de las cuales era indígena, y ocho hombres, de los que uno fue un líder afrodescendiente. Otros tres líderes asesinados fueron indígenas y cuatro más fueron campesinos.
Entre los 41 casos en verificación se encuentran, de nuevo, dos mujeres, de las que una fue afrodescendiente y otra pertenecía a una Junta de Acción Comunal. La ONU indaga, además, sobre 38 casos de hombres, de los que 17 eran campesinos y dos, indígenas.
El 30% de los homicidios que llegaron a la Oficina se refiere a defensores comunitarios o pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal, una tendencia que se repitió en todo el 2023, según cifras de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo.
Un 22% de los casos hace referencia a población defensora de derechos del campesinado y un 15% indica homicidios de quienes defendían derechos económicos, sociales y culturales. Otro 10% resalta a defensas de derechos políticos.
De todos modos, “una persona defensora puede trabajar en varios ámbitos de defensa que están interrelacionados”, explicó la ONU en la presentación de las cifras, y afirmó que el ámbito de defensa podría cambiar a medida que siguen las verificaciones.
El departamento con más denuncias es Cauca, con seis hechos. Los municipios con más casos fueron dos capitales, Cartagena (Bolívar) y Cúcuta (Norte de Santander), y Tuluá (Valle del Cauca), cada uno con dos alegaciones en total.
La cifra de 64 alegaciones representa aproximadamente un 29,9% del número total de asesinatos que ONU Derechos Humanos registró el año pasado, cuando entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023 la Oficina documentó 214 denuncias.
