“Continúa siendo un desafío para la institucionalidad gubernamental hacerle frente a la explotación sexual de menores de edad en Colombia. Es por ello que desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro llamado, como lo hicimos a mediados de la semana anterior, para que niñas, niños y adolescentes no sigan siendo víctimas de tan lamentable y aberrante práctica”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El pronunciamiento del Defensor se basa en el nuevo caso ocurrido en Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde un extranjero, en un hotel ubicado en el suroriente de la ciudad, estaba acompañado por dos menores de edad de 12 y 13 años.
“El fondo contra la explotación sexual, creado por la Ley 679 de 2001, que administra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debe ser puesto en funcionamiento. Es preciso que el ICBF le cuente al país cuánta plata le destinó este año y a qué otras fuentes de financiación acudió”, manifiesta Carlos Camargo Assis.
Como Defensor del Pueblo de los colombianos, agrega que tampoco se puede dejar a un lado lo que la misma ley establece: “El pago de 1 dólar a todo extranjero que visite el país, con el propósito de ser destinado exclusivamente a la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
A manera de ejemplo, si en un año visitan Colombia tres millones de personas provenientes de otras naciones, serán tres millones de dólares los recaudados, dinero que servirá, y demasiado, para combatir semejante flagelo. Es una medida que está quieta, por eso es urgente su reglamentación”.
También es necesario, enfatiza Carlos Camargo Assis, “activar controles policivos más contundentes en hoteles y otros lugares que prestan servicios de alojamiento temporal. Es tarea de las alcaldías y de la Policía, especialmente en aquellas ciudades principales e intermedias donde es latente el fenómeno de la explotación sexual de menores de edad”.
En el informe ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, emitido en 2023 por la entidad de derechos humanos, fue advertido el aumento de distintas formas de violencia sexual, el subregistro que dificulta la respuesta institucional de forma estructural y la ausencia de acciones de prevención y pedagogía cuyo fin es atacar las causas que derivan tales violencias.
En días pasados, el Defensor del Pueblo también requirió la creación de una mesa intersectorial en la que participen Medellín y toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes sea enfrentada articuladamente.
“Y no menos importante, a propósito del crudo panorama: es imperativo implementar planes de pedagogía, con acciones reales, que contribuyan a desincentivar la demanda de servicios, los cuales lo único que hacen es afectar los derechos fundamentales de nuestros menores de edad”, finalizó Camargo Assis.
