Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional y supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas.
El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final.
Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.
También se refirió a las preocupaciones e inconformidades de víctimas y representantes con respecto a los resultados de la JEP e hizo un gran llamado a que se colmen las necesidades y las expectativas de las víctimas, pero también a que se refuerce, no solamente esa jurisdicción, sino las competencias, las capacidades y las exigencias propias de la justicia transicional.
A los comparecientes les pidió mayor compromiso con la verdad, “uno no se puede ir de esta vida sin reparar a las víctimas porque hay obligaciones jurídicas y obligaciones naturales.
El firmar con el uniforme limpio, con las botas brillantes, con la chapa brillante y con las medallas brillantes, pero con el corazón sucio y las manos untadas es una contradicción y es algo que no puede ser perpetuo. No se vayan de esta vida con todo eso enlodado”.
De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.
Frente al crimen de tortura señaló que es importante ahondar en estas agresiones que además fueron seguidas de intimidaciones a familiares, persecuciones, amenazas y retenciones por largos períodos; recordó además que el Ministerio Público ya realizó un llamado en las observaciones para que se empleara la imputación sobre este delito, elemento que hoy en día se ha reiterado.
“Quienes juraron la bandera y juraron defender la patria, quienes tenían obligaciones de hacer y de no hacer, quienes en el mejor de los casos tenían la obligación de denunciar, de señalar, de indicar qué estaba pasando y no lo hicieron, ahora ponen en cuestión su impunidad”, finalizó Acosta.
