En lo corrido del 2023, las autoridades han rescatado a cerca de 400 migrantes; 89 de ellos, menores de edad. Según información conocida por la entidad de derechos humanos, más de 30 personas están desaparecidas.
Es urgente, recalca Carlos Camargo Assis, impulsar estrategias que permitan garantizar los derechos de los migrantes y también que las autoridades tomen medidas de contingencia en los aeropuertos nacionales para enfrentar el tránsito irregular de personas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, lanza una alerta debido al aumento de migrantes irregulares de diferentes nacionalidades en la ruta San Andrés-Centroamérica. En lo corrido de este año, las autoridades han rescatado a 392 personas; 89 de ellas, menores de edad.
“Los migrantes se exponen a naufragios, abandono, desapariciones de embarcaciones, entre otras situaciones que ponen en riesgo su seguridad, integridad y vida. A finales de octubre pasado fue reportada la desaparición de 32 migrantes y dos tripulantes que iban en una embarcación cuyo destino era Centroamérica, lo cual demuestra, una vez más, que no es una ruta migratoria segura, controlada, ni regulada”, indicó Carlos Camargo Assis.
Los reportes sobre los lamentables hechos son notificados a las autoridades competentes luego de un periodo prolongado, lo que dificulta las labores de búsqueda, ubicación y rescate. “En muchos casos, los migrantes son abandonados en los cayos del sur, sin sus pertenencias, y en algunas ocasiones, bajo el engaño de estar en Nicaragua”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Según cifras de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, este año han sido reportadas 25 capturas por tráfico de migrantes en ocho departamentos: Cundinamarca (siete), Nariño (cinco), Antioquia (tres), Valle del Cauca (tres), Santander (dos), Meta (dos), San Andrés (dos) y Risaralda (una captura).
“El Gobierno Nacional debe impulsar estrategias que garanticen los derechos de los migrantes, así como medidas de contingencia en los aeropuertos para evitar el tránsito irregular de personas”, recalcó Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo continuará haciéndole seguimiento al fenómeno, a partir de mesas de trabajo con autoridades de San Andrés, comunidad y gremios relacionados con la atención a turistas y viajeros, porque su propósito principal es proteger a la población de los abusos a los que es sometida.
