sábado, diciembre 14, 2024
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Defensoría del Pueblo garantiza el acceso a la justicia a través del litigio estratégico, litigio defensorial y servicio de defensoría pública

El acceso a la administración de justicia, reconocido por la Carta Política del 91 como un derecho fundamental del que deben gozar todos los habitantes en el territorio colombiano, continúa siendo garantizado por la Defensoría del Pueblo a través de sus distintas acciones misionales que ejerce a lo largo y ancho de la geografía nacional.

En el marco del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que el litigio estratégico, el litigio defensorial y el servicio de defensoría pública son tres de las acciones que contribuyen al propósito. En el caso del litigio estratégico, que consiste en visitar zonas apartadas donde la constante es la vulneración de los derechos humanos, el trabajo de la Defensoría se ha extendido a varias regiones del país.

“La no presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, la deficiente prestación de los servicios públicos, de salud, el mal estado de las vías, entre otras evidentes problemáticas sociales, económicas y culturales, nos han llevado a hacer presencia en aquellos territorios donde la institucionalidad brilla por su ausencia”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Los departamentos más afectados han sido Cauca, Guaviare, Chocó, Amazonas, Cundinamarca, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo, Casanare y Vichada, principalmente, además de la zona del Urabá antioqueño.

“En las poblaciones donde hemos evidenciado la vulneración de derechos de las comunidades, hemos realizado jornadas misionales con el concurso de las comisiones conformadas desde nuestro nivel central y el trabajo conjunto y decidido de los funcionarios de nuestras Defensorías Regionales”, aseguró Carlos Camargo Assis.

El litigio defensorial

La Defensoría del Pueblo, dando cumplimiento a la prestación del servicio del litigio defensorial y apelando a la utilización de los instrumentos constitucionales y legales para procurar darles solución a quienes les están siendo amenazados o vulnerados sus derechos, ha presentado acciones populares, de tutela y de cumplimiento.

Poco más de 60 acciones constitucionales han sido presentadas por la Defensoría para que los derechos de la población sean protegidos y garantizados en las distintas regiones de Colombia.

“En lo que va de este año, con nuestros servicios de litigio defensorial y estratégico, hemos presentado alrededor de 60 acciones constitucionales a lo largo y ancho del país. Quiere ello decir que no solamente estamos cumpliendo el mandato constitucional, también estamos logrando que las personas, las comunidades vulnerables, aquellas que son invisibilizadas por la falta de actuación del propio Estado, accedan a la administración de justicia como corresponde para que sus derechos fundamentales sean garantizados”, señaló el Defensor del Pueblo.

Servicio de defensoría pública

Las personas que acreditan estar en imposibilidad económica para ejercer la defensa de sus derechos, la Defensoría del Pueblo, en aras de asumir su representación judicial o extrajudicial, les provee defensores públicos, estudiantes de consultorio jurídico o judicantes en asuntos de índole penal para procesados, condenados y víctimas; también, en derechos público y privado y en el área especial ante jueces municipales, del Circuito, Tribunales y Corte Suprema de Justicia.

“Este año contamos con más de 4000 defensores públicos que prestan el servicio de asistencia técnica y representación judicial y extrajudicial en el territorio nacional. Tienen a su cargo 252.300 procesos penales y 402.656 procesos en representación judicial de víctimas en el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, infancia y adolescencia, víctimas de género, restitución de tierras, víctimas del conflicto armado interno, feminicidios, entre otros”, indicó Camargo Assis.

Igualmente, les son brindadas a las víctimas y sujetos de especial protección constitucional valoraciones material e inmaterial para establecerles los montos y tipos de daños que han sufrido a causa del actuar indiscriminado de los grupos armados ilegales. Es un servicio prestado por peritos financieros y psicológicos.

“Seguiremos con nuestra misión de proteger y defender a esta población porque velamos para que les sean reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, sentenció el Defensor del Pueblo de los colombianos.

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