DIRECTOR ESPECIALIZADO CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES, CARLOS ROBERTO IZQUIERDO.
La Fiscalía probó que Wilson Arévalo Hernández perteneció al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que para concretar el ataque constituyó una empresa de lácteos, Villa Esperanza, con la que lavó dinero de extorsiones y secuestros
A 17 años y tres meses de cárcel fue condenado Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander el 17 de enero de 2019.
Un juez penal de Yopal (Casanare) también lo encontró responsable de los delitos de rebelión y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
También tendrá que pagar una multa equivalente a 4.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Fiscalía, durante el proceso, señaló y probó que Arévalo Hernández, no solo perteneció al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino que, para concretar el atentado a la Escuela de Cadetes, constituyó una empresa de lácteos, Villa Esperanza, la que, además de servir como fachada para lavar dinero producto de extorsiones y secuestros en el oriente del país, también prestó sus vehículos para transportar armas, explosivos, equipos de comunicación, material de intendencia e incluso a cabecillas del ELN.
Según el material probatorio recabado por la Fiscalía, Villa Esperanza fue constituida con un capital de $3.500.000 y con un único empleado: Arévalo Hernández, y entre 2012 y 2017 recibió más de 300 consignaciones por $4.530 millones.
También se logró determinar que la empresa dejó de declarar ante el Estado una cifra superior a $5.000 millones, que corresponderían a ingresos por actuaciones ilícitas.
Este fallo de primera instancia, al que le caben recursos de ley, llega un mes después de la condena al Estado por el atentado.
El 3 de abril un juzgado Administrativo de Bogotá condenó al Estado colombiano por el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander.
Para el juez, hubo una omisión en las medidas de seguridad por parte de las mismas autoridades que custodiaban el lugar el día del ataque terrorista.
En ese orden, esta es la primera condena que se conoce sobre los hechos que dejaron 22 muertos y 89 heridos.
María de los Ángeles Alquichire, abogada defensora de las víctimas, explicó en W Radio, que la condena es una reparación parcial a las familias de las víctimas, pues “efectivamente la mayoría de las familias presentaron demandas al Estado para ser reparados frente a los hechos”.
La abogada advirtió que no fueron tenidos en cuenta todos los reparos que presentaron los allegados de las víctimas en materia de reparación, como una pensión completa correspondiente a la de los subtenientes que murieron.
Y precisó que, si bien los familiares de víctimas no quedaron satisfechas con la reparación patrimonial, sí quedaron conformes con la decisión del tribunal.
Hay que advertir que el Estado puede solicitar una segunda instancia sobre esta condena, que sería revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El 20 de febrero, el juzgado 61 de Bogotá le otorgó la libertad, por vencimiento de términos, a cinco personas que estaban siendo investigadas por su aparente complicidad en el ataque de la guerrilla.
Estas son: Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, señalados de planear y ejecutar el atentado terrorista con carro bomba al interior de la Escuela de Cadetes.
El juez de conocimiento advirtió que estas cinco personas debían quedar en libertad, pues ya se había superado el tiempo establecido —527 días— para el inicio de un juicio en contra de estos implicados, quienes estaban sindicados de los delitos homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
