domingo, noviembre 24, 2024
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Adjudicar 142.000 hectáreas y formalizar 39.000: retos de la nueva oficina de la Agencia Nacional de Tierras en Arauca

Con la inauguración de la Unidad de Gestión Territorial – UGT – Arauca, que tendrá lugar en la capital de este departamento del oriente colombiano el martes 25 de abril de 2023, son 22 las sucursales de la Agencia Nacional de Tierras – ANT – en funcionamiento en el país, acción que refleja la descentralización de la entidad para seguir avanzando en la reforma agraria que está implementando el Gobierno del Cambio.
Antes de que empezara el gobierno del Presidente, Gustavo Petro, y la Vicepresidenta, Francia Márquez, eran solo nueve oficinas territoriales de la ANT en Colombia. Ahora se evidencia la transformación: en abril la entidad abrió la UGT Chocó, sigue la de Arauca y la próxima será la de Guaviare, cuyo inicio de operaciones está estimado para mayo.

Arauca se suma a estas 21 UGT que están prestando servicio: Córdoba, Magdalena, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Boyacá, Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Caldas, Caquetá, Santander, La Guajira, Chocó y Quindío. La meta es que en junio de este año estén las 32, una por departamento.

Tony Lozano Berrocal, coordinador nacional de UGT de la ANT, indicó que entre las principales metas de la UGT Arauca en el Gobierno del Cambio están adjudicar 142.000 hectáreas de tierra y formalizar 39.000 hectáreas. “En Arauca hemos detectado el minifundio y poco acceso de campesinos y campesinas a la titulación de la tierra”, comentó.

La UGT Arauca se logró gracias al acuerdo entre el gobernador (e) del departamento, Wilinton Rodríguez Benavídez, y el director general de la Agencia, Gerardo Vega Medina. La oficina en la que funcionará esta UGT fue suministrada por la Gobernación.

La reforma agraria procura adjudicar tres millones de hectáreas en el país, titular siete millones de hectáreas y desarrollar el catastro multipropósito.

Tony Lozano destacó que las UGT cuentan con “autonomía para tomar decisiones y firmar resoluciones en formalización y adjudicación”, lo que agiliza la entrega de tierras y títulos a campesinos, afrodescendientes e indígenas en esta política clave para la justicia social y la paz total.

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